Sevilla, 24 abr.- La asociación FACUA-Consumidores en Acción ha instado hoy a las comunidades autónomas a multar a las compañías telefónicas por negarse a liberar los móviles de sus clientes o cobrarles por ello, puesto que dicha práctica para evitar su uso con otra compañía es una actividad "ilegal".
En un comunicado, FACUA ha explicado que ha remitido una "batería de denuncias" contra Movistar, Vodafone, Orange y Yoigo ante las diecisiete autoridades autonómicas de protección al consumidor en las que les insta a multar a las compañías por negarse a liberar los móviles de sus clientes o cobrarles por ello.
La venta de terminales bloqueados para que no puedan utilizarse con otras compañías -ha indicado la asociación- es una práctica "ilegal", por lo que las operadoras deben liberarlos "de forma gratuita y sin hacer esperar a los usuarios a que finalicen sus contratos de permanencia".
Así lo advierte un informe elaborado por el Gobierno y las comunidades autónomas tras la denuncia presentada por FACUA en enero de 2012 ante el Instituto Nacional del Consumo (INC) y las autoridades de consumo de Andalucía, Madrid y Cataluña.
El documento, aprobado por la Comisión de Cooperación de Consumo, señala que las prácticas de las compañías pueden ser objeto de sanción al implicar cláusulas abusivas que vulneran el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Ante la negativa de las principales compañías de móvil a acatar el informe de la Comisión, FACUA ha reclamado a las diecisiete autoridades de consumo que apliquen "sanciones proporcionales" a las dimensiones del "fraude" que vienen cometiendo con el "sabotaje" de los terminales.
La asociación ha puesto a disposición de los usuarios un modelo de reclamación para que denuncien a las compañías ante las autoridades de consumo y ha recordado que quienes hayan pagado a las operadoras por el desbloqueo de los terminales pueden exigir la devolución del dinero.
La venta de móviles bloqueados implica para FACUA un "sabotaje" por el que se les ha introducido una restricción técnica, un "defecto", que "limita y restringe las posibilidades de uso del móvil que el consumidor adquiere".
La asociación ha argumentado que el usuario es titular de ese terminal, que abonará de forma diferida a lo largo del periodo de duración del compromiso de permanencia que le obligan a asumir mediante el pago de un consumo mínimo mensual y unas condiciones tarifarias concretas.
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