Feaps aplaude la decisión judicial que permitirá a una persona con discapacidad intelectual votar

La Confederación Española en favor de Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps) aplaudió este viernes la decisión judicial que permitirá a una persona con síndrome de Down de Guipúzcoa poder votar en las próximas elecciones, al haber revocado la sentencia de su incapacidad total.
Feaps reconoce la labor de la Fiscalía de Protección de Discapacitados y Tutelas de Guipúzcoa y de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial en este caso, que se ha resuelto con una rebaja de la incapacitación de un joven con discapacidad intelectual, con el fin de que pueda ejercer su derecho al voto.
En este sentido, señala la confederación, ambos organismos han actuado de acuerdo a la solicitud realizada el pasado mes de septiembre por esta entidad a la Fiscalía General del Estado y al Consejo General del Poder Judicial para lograr que, en los procesos de modificación de la capacidad legal de las personas con discapacidad intelectual, se respete su derecho fundamental al sufragio electoral.
En una carta remitida a las citadas instituciones, el presidente de Feaps, Juan Carlos Cid, alertaba de que "en la mayor parte de los casos" se priva del derecho al voto a las personas con discapacidad intelectual sin analizar detalladamente cada situación particular "e ignorando el elemental derecho a que la propia persona con discapacidad manifieste su interés".
En este sentido, recuerda Feaps, la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 29, reconoce el derecho de estos ciudadanos a participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás (...) incluyendo el voto secreto en elecciones y referéndum públicos sin intimidación.
Junto a ello, el artículo 12 de dicha Convención afirma que, "en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica", se deben proporcionar "salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos".