Fernández de la Vega será consejera permanente y se ocupará de Educación, Sanidad y Cultura

Madrid.- La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, será consejera permanente del Consejo de Estado, y será responsable de la Sección Séptima, que se ocupa de Educación, Cultura, Sanidad y Política Social.

Fuentes de esta institución han explicado a EFE que Fernández de la Vega ocupará la vacante que ha dejado en el Consejo de Estado la renuncia del consejero Miguel Vizcaíno, y que, probablemente, tome posesión de su cargo en el pleno que la institución celebrará el próximo mes, pues aún debe ser nombrada por el Consejo de Ministros.

El jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció ayer que Fernández de la Vega -que fue la primera mujer en ocupar la Vicepresidencia del Gobierno y ha permanecido seis años en el cargo- formará parte del Consejo de Estado.

El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno, y una de las instituciones más antiguas, con más de cinco siglos de historia.

Su función es exclusivamente consultiva, ya que se limita a dar su opinión fundada sobre el objeto de la consulta o a proponer otra solución más adecuada.

En el ejercicio de esta función, debe velar por la observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico del Estado.

Además, ha de procurar la armonía del sistema, el rigor de la técnica normativa y el buen hacer de la Administración, para reducir al mínimo la conflictividad con los ciudadanos.

La institución tiene su sede en el Palacio de los Consejos, al final de la calle Mayor y en pleno Madrid de los Austrias, desde hace más de doscientos años.

Emite dictámenes a petición del presidente del Gobierno o los ministros, así como los presidentes de las comunidades autónomas. Los particulares pueden pedir audiencia cuando estén interesados en el objeto de la consulta, según la ley que regula su funcionamiento.

Además, el Ejecutivo puede solicitar del Consejo de Estado estudios o informes y también encomendarle la elaboración de propuestas legislativas o de reforma constitucional.

De hecho, la labor del Consejo de Estado se hizo notoria para la opinión pública a raíz del informe que José Luis Rodríguez Zapatero encargó a la institución en 2004 sobre la reforma de la Constitución.

Otras leyes, como el Estatuto de Cataluña, la ley del Matrimonio Homosexual o la del Aborto, han mantenido el interés de los medios de comunicación en sus dictámenes en los últimos años.

El informe sobre la reforma constitucional forzó la reforma de la ley que regula el Consejo de Estado, que creó una Comisión de Estudios con este fin.

Esa reforma permitió asimismo la incorporación como consejeros natos vitalicios de los ex presidentes del Gobierno, aunque sólo José María Aznar ocupó durante un año el cargo, al que renunció por ser incompatible con su responsabilidad en el Consejo de Administración de News Corporation.

El pleno del Consejo de Estado lo integran el presidente, Francisco Rubio Llorente, los consejeros permanentes, los consejeros natos -es decir, aquellos que lo son por razón del cargo que desempeñan-, los electivos y el secretario general.

Se organiza en ocho Secciones, en función de los temas que tratan, que preparan el despacho de los asuntos que son competencia de la Comisión Permanente.

Las Secciones están dirigidas por un consejero presidente -cargo que ocupará Fernández de la Vega en la Sección Séptima- e integradas por un Letrado Mayor y los letrados que sean necesarios según la importancia de los asuntos o el número de las consultas.

Los consejeros permanentes, en número igual al de las Secciones del Consejo, son nombrados, sin límite de tiempo, mediante un real decreto del Consejo de Ministros.

Una vez encargada la consulta por el Ejecutivo, los letrados preparan el proyecto de dictamen, que se debate en cada sección y se aprueba, en su caso, por el consejero presidente. De ahí se eleva para su aprobación a la Comisión Permanente y posteriormente al Pleno.