Fernández Díaz cree que no hay necesidad ni base para cambiar Ley de Víctimas

  • El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, considera que "no se dan las bases y ni siquiera la necesidad" para cambiar la Ley Integral de las Víctimas del Terrorismo, tal y como solicitan algunas asociaciones críticas con el resultado del reglamento que fija las ayudas económicas para este colectivo.

Madrid, 24 sep.- El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, considera que "no se dan las bases y ni siquiera la necesidad" para cambiar la Ley Integral de las Víctimas del Terrorismo, tal y como solicitan algunas asociaciones críticas con el resultado del reglamento que fija las ayudas económicas para este colectivo.

Tras presentar el proyecto europeo de vigilancia marítima fronteriza, Fernández Díaz ha respondido de esta forma a algunas asociaciones como la AVT, dirigida por Ángeles Pedraza o la Asociación 11M de víctimas del terrorismo, presidida por Pilar Manjón, quienes ayer manifestaron su disconformidad con el reglamento que desarrolla la ley integral de víctimas.

El ministro ha recordado que la ley fue aprobada por unanimidad al final de la legislatura y que "evidentemente" el reglamento "no puede ir más allá" de lo que establece la norma, y ha defendido que se ha trabajado "mucho y muy bien" para que este texto recoja las aportaciones de los colectivos de víctimas.

"Este reglamento está estrechamente vinculado con la ley integral y, en la medida en que fue aprobada en la anterior legislatura por unanimidad, nosotros no podemos modificarla de forma unilateral", ha destacado el ministro quien ha explicado que un cambio en el reglamento tendría que venir precedido por otro en la propia ley.

Y ha añadido: "No se dan las bases para que podamos modificar esa ley y yo me atrevo a decir que ni siquiera la necesidad".

El titular de Interior se ha mostrado convencido de que cuando las asociaciones conozcan "a fondo" el reglamento, éstas verán que no solo se incluye el "espíritu de la ley", sino que también comprobarán que personas como amenazados por el terrorismo pueden ser beneficiarios de ayudas económicas y sociales.

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