El fiasco de los 1.700 millones de 'Castor' que pagarán...los consumidores

El almacén de gas 'Castor' se queda como está, parado, sin actividad y varado en las aguas de Vinaroz (Castellón). El informe realizado por el Massachusetts Institute of Technology (MIT) confirma lo que ya había hecho en 2014 el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y luego Instituto Geológico y Minero: decir que las inyecciones de gas fueron las causantes de los terremotos y que la plataforma no puede volver a funcionar y ni siquiera desmantelarse, opción esta última para la que el Ministerio de Energía pedirá más informes -ya ha habido tres en cuatro años- aunque por las palabras del ministro "lo mejor es dejarlo que como está" se desprende que la plataforma deel fallido almacén quedará para siempre como parte del paisaje del Mediterráneo.

Es posiblemente el punto y final a un fiasco que se inició en 2008 con la concesión del Gobierno a la empresa Escal UGS para la "explotación de almacenamiento subterráneo de hidrocarburos denominado Castor para el almacenamiento de gas natural, situada en el subsuelo del mar, a 21 km aproximadamente de la costa". Un proyecto que el propio Instituto Geológico y Minero de España validó en 2007 en los estudios técnicos. Escal UGS está controlada en 66,7% por ACS, mientras que el otro 33,3% pertenece a Castor Limited Partnership, y financió el proyecto gracias a una figura por entonces novedosa y desconocida que eran los Bonos de Proyectos (Project Bond Initiative), una iniciativa que fue desarrollada por la Comisión Europea para afrontar los obstáculos de financiación y creó esos bonos con el Banco Europeo de Inversiones.

Las cifras del proyecto se triplicaron y finalmente según desveló el por entonces ministro José Manuel Soria, Escal UGS gastó 1.702 millones. De ellos, 1.273 millones eran de la infraestructura y se financiaron con los bonos europeos, 186 millones eran para la inyección del gas colchón y 243 millones corresponden a costes financieros. El coste inicial iba a ser de 500 millones.

Esa cantidad (1.700 millones) fue la que recibió la compañía como indemnización del Gobierno después de que la tierra se pusiese a temblar en la provincia de Castellón (más de 500 seismos). La debacle de 'Castor' comenzó en septiembre de 2013. En junio se había empezado a inyectar el gas y el 24 de septiembre se iniciaron los terremotos. Dos días después el Gobierno ordenaba el cese de las actividades de la plataforma y se inició una batalla jurídica.

El ejecutivo pagó la indemnización y a la vez traspasaba el almacén de gas a Enagás que a cambio recibía un derecho de cobro por la misma cantidad. Enagás tuvo que firmar un crédito sindicado con Caixabank, Bankia y Banco Santander cuyo coste final iba a ir a parar a los operadores del sistema gasístico (Iberdrola, Gas Natural..…), y estos a su vez se lo repercutirían a las compañías comercializadoras: Iberdrola, Gas Natural, Endesa, EDP, Cepsa... ¿Qué supuso esto? Que el pago de esa indemnización de 1.700 millones de euros iba a ir directamente a la factura del gas de los consumidores durante los próximos 30 años.

El informe de este miércoles y las palabras del ministro de que es mejor dejar las cosas como están viene a significar que el Gobierno renuncia a recuperar esos 1.700 millones, pese a que en 2012 sí intentó eliminar de la concesión del proyecto la cláusula que obligaba a pagar el coste de las obras, algo que no permitió el Tribunal Supremo.

Desmantelar la plataforma podría costar otros 300 millones y sería la única forma ya que la normativa prohíbe hundirlas como se hacía hace años y obliga a llevar los materiales a tierra. Algo a lo que nadie parece dispuesto.