Fiscal del Supremo aboga por dación en pago, moratorias o rescate del Estado

Barcelona, 5 mar.- El fiscal del Tribunal Supremo Carlos Castresana ha defendido hoy la dación en pago, moratorias hipotecarias o que el Estado, como ha hecho con los bancos, acuda al rescate de las familias, para que los impagos de hipoteca no supongan a la vez el desahucio y el mantenimiento de la deuda.

Castresana ha lanzado estas propuestas en Barcelona, durante la conferencia que ha impartido para inaugurar el XXX Curso Anual de Derechos Humanos, convocado por el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña.

Según Castresana, la sociedad española actual está sufriendo una "recesión" no sólo económica, sino también en el "efectivo disfrute de algunos derechos fundamentales", debido en parte a que los países pioneros en derechos humanos no pueden competir con países emergentes con menos derechos, entre los que ha citado a China, India, Brasil y Rusia.

En su conferencia, el fiscal del Tribunal Supremo se ha referido a las ejecuciones hipotecarias, que en los últimos años se han disparado al no poder pagar muchas familias la hipoteca y de esta forma se han quedado sin casa y con deudas.

Según Castresana, a esta situación se ha llegado porque se equivocaron tanto las familias como los bancos, aunque a la hora de abordar la solución exclusivamente a través de las ejecuciones hipotecarias se da una "desigualdad sangrante", ya que todo el peso recae en las familias.

El fiscal del Tribunal Supremo ha remarcado que un contrato es ley entre las partes, pero siempre que las condiciones se mantengan, por lo que considera que los contratos hipotecarios se podrían renegociar porque las condiciones en las que se firmaron han cambiado de forma sustancial, de forma que se podrían establecer moratorias para diferir en el tiempo los pagos pendientes.

Otra propuesta que ha planteado Castresana es la dación en pago, para que las pérdidas sean asumidas igualmente por las familias (que se quedarían sin casa) y los bancos (que se quedarían sin el dinero pendiente de pagar).

También ha propuesto que el Estado, al igual que ha hecho con el sector bancario, acuda al rescate de las familias que no pueden pagar la hipoteca, de forma que asuma ante las entidades financieras las deudas pendientes, que los afectados tendrían que devolver al erario público con el paso de los años.

Castresana ha subrayado que conviene que los ciudadanos se movilicen para defender estos derechos sociales utilizando los instrumentos del Estado de Derecho.

En su intervención, el fiscal del Tribunal Supremo también se ha referido a la independencia del poder judicial, que considera que no es tan satisfactoria como podría ser, por lo que ha abogado porque los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPC) sean elegidos por el Congreso entre los jueces "más capacitados y más honorables".

En este sentido, ha rechazado la propuesta de que sean las asociaciones de jueces las que pasen a elegir a los vocales del CGPC, ya que estima que estas asociaciones no tienen la legitimidad ni la representación social que sí tienen los parlamentarios.

Asimismo, ha planteado la necesidad de plantear dos iniciativas legislativas populares para que se trate por igual a todas las víctimas de crímenes de raíz política y para que se modifique la Ley de la Memoria Histórica para que las exhumaciones no vayan a cargo de las familias, sino del Estado.