Fiscal mantiene su petición de 13 años para 3 hijos de militares argentinos

Barcelona, 5 dic.- La Fiscalía ha mantenido hoy su petición de trece años de prisión para tres hijos de antiguos altos cargos del Ejército argentino, acusados de introducir casi una tonelada de cocaína en el aeropuerto de El Prat (Barcelona) oculta en una avioneta de transporte médico.

En la sección octava de la Audiencia de Barcelona ha concluido hoy el juicio contra Gustavo Adolfo y Eduardo Julià, hijos del fallecido brigadier José Juliá, que dirigió la Fuerza Aérea Argentina durante el Gobierno de Carlos Menem, y contra Matías Miret, hijo del exsecretario de Planeamiento durante la última dictadura argentina José Miret.

La Fiscalía ha elevado hoy a definitivas sus conclusiones provisionales, en las que solicita una pena de 13 años de prisión y el pago de 140 millones de euros de responsabilidad civil, por haber intentado en enero de 2011 introducir casi una tonelada de cocaína en un avión de transporte médico procedente de Buenos Aires que antes de llegar a Barcelona hizo escala en Cabo Verde.

Los tres acusados alegaron ayer que desconocían que transportaban droga en la avioneta, aunque Gustavo Adolfo Julià, el empresario que contrató la aeronave supuestamente para un transporte privado, asumió ayer la responsabilidad sobre el control de la misma y exculpó a su hermano, que la pilotaba, y a Matías Miret, copiloto.

En la última sesión del juicio, la defensa ha aportado una prueba pericial para tratar de demostrar que la tonelada de cocaína que llevaban los acusados en la avioneta, cuyo peso es de 40.000 kilos, no podía ser percibida en el despegue y durante el vuelo por el piloto y el copiloto.

La cocaína, que viajaba escondida en 34 paquetes en dos armarios y un sofá que tenía la avioneta, fue incautada por la Guardia Civil en el aeropuerto de El Prat de Llobregat el 2 de enero de 2011, fecha desde la que los tres acusados permanecen en prisión preventiva.

Esta incautación de droga forzó al Gobierno argentino a aprobar un protocolo para reforzar los controles en aeronaves y aeropuertos y, al margen de la instrucción de la causa en un juzgado de El Prat de Llobregat (Barcelona), desencadenó una investigación en Argentina a miembros de la Fuerza Aérea y de la base desde donde partió la aeronave cargada con cocaína.