San Fernando de Henares (Madrid), 25 abr.- Los fiscales Teresa Sandoval y José Perals han mantenido hoy en el juicio su petición de cinco años y seis meses de prisión para 19 acusados del asedio al Parlament catalán en 2011 por delito contra las instituciones del Estado en concurso con atentado a la autoridad.
El abogado del Parlament se ha adherido a la acusación de la Fiscalía aunque con una petición de solo tres años de cárcel y ha manifestado que la institución a la que representa "no vería con malos ojos" una petición de indulto para los acusados si finalmente son condenados.
La letrada de la Generalitat ha pedido igualmente una pena de tres años de cárcel pero en este caso solo para los tres acusados de atacar al presidente catalán, Artur Mas, y el representante del sindicato Manos Limpias se ha adherido finalmente a lo expuesto por los fiscales.
Los hechos se remontan al 15 de junio de 2011, cuando una concentración convocada por el movimiento 15M ante el Parlament, en Barcelona, derivó en situaciones de asedio a parlamentarios, entre ellos los presidentes de la Generalitat, Artur Mas, y de la Cámara, Núria de Gispert.
En su informe la fiscal Teresa Sandoval ha relatado las agresiones e insultos que sufrieron los parlamentarios y cómo tuvieron que entrar en el Parlament protegidos por mossos d'esquadra y en furgones policiales, y treinta de ellos, entre los que se encontraba Artur Mas, en un medio "tan excepcional" como un helicóptero.
Ha recordado que Artur Mas declaró en el juicio que era la primera vez que todo un Parlament se encontraba imposibilitado para sus funciones y que aunque estaba acostumbrado a las manifestaciones nunca vio una actuación de tal magnitud.
Para la fiscal, los acusados rebasaron los límites del derecho a la libertad de manifestación, reunión y expresión y ha relatado cómo, según consta en las imágenes recogidas de los hechos, se ven los ataques a los parlamentarios y en concreto al coche de Artur Mas al que impidieron el paso y golpearon además de intentar abrir la puerta situada junto al presidente de la Generalitat.
La fiscal ha ido narrando una a una las vivencias de cada parlamentario que constan en la causa y en concreto la expuesta en el juicio por Ana Isabel Marcos, que relató cómo la insultaron, amenazaron y agarraron mientras le hacían fotos durante unos minutos en los que sintió miedo y cómo recordó que ese día sufrió una crisis de ansiedad y que durante un tiempo tuvo que tomar pastillas para dormir.
La fiscal ha señalado que la manifestación, que no había sido comunicada, fue multitudinaria y que los acusados lograron el lema de la convocatoria, "Paremos el Parlament", ya que el pleno de la Cámara comenzó con retraso con aproximadamente la mitad de parlamentarios y que el resto fue entrando como "un goteo".
El fiscal José Perals ha abundado en que el Parlament iba a llevar a cabo ese día sus tres funciones, ya que estaba prevista la sesión de control al Gobierno, debatir los presupuestos autonómicos y aprobar una ley, además de un homenaje a Jordi Solé Tura, "uno de los padres de la Constitución", teniendo que ser aplazados para el día siguiente el primero y el último de estos cuatro puntos.
José Perals ha recordado lo que dijo en su día el escritor, economista y académico ya fallecido José Luis Sampedro, que en su apoyo al movimiento 15M expresó que no bastaba con indignarse y que había que dar un paso más de protesta y de reunión pero pacífica.
El representante del Parlament ha dicho que como los acusados se acogieron a su derecho a no declarar la Sala deberá evaluar si su intención fue perturbar el funcionamiento de la institución o solo impedir el libre acceso.
La abogada de la Generalitat ha estimado que los acusados cometieron uno de los más graves atentados contra un órgano legislativo y ha recordado que los representantes de la voluntad popular no pueden ser coaccionados.
Las partes han renunciado hoy a la declaración testifical de la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, por motivos de salud.
El juicio seguirá el próximo 5 de mayo, cuando está previsto que quede visto para sentencia en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid).
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