Madrid, 15 abr.- El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha asegurado hoy que el "gran olvidado" de la administración de Justicia es el retraso en las ejecuciones de las sentencias, un "enorme agujero negro" con el que hay que acabar porque está en juego la efectividad y eficiencia de los procesos.
Torres-Dulce ha comparecido en la Comisión de Justicia del Senado para presentar la memoria de la Fiscalía correspondiente a 2011, pero su presencia en la Cámara ha sido aprovechada por los grupos parlamentarios para preguntarle sobre diferentes asuntos que afectan a este órgano.
De todo ha hablado el fiscal, pero en su intervención ha querido poner de manifiesto la necesidad de afrontar algunas reformas que permitan enterrar la imagen de lentitud de la Justicia española, una de sus "obsesiones", según ha reconocido.
Y en esas reformas para hacerla más rápida, ha querido involucrar a jueces y fiscales, a los que ha pedido una disposición que acompañe a las medidas de naturaleza procesal y a los medios tecnológicos y materiales necesarios.
Sus opiniones ya se las ha expresado al ministro de Justicia, pero Torres-Dulce ha querido exponerlas ante los senadores, a quienes ha planteado la necesidad de ampliar los proceso rápidos, lo que se conoce como "el juez del mazo".
Para ello, hay que "desjudicializar" las faltas, que dan lugar a 800.000 juicios, de los que 350.000 requieren la presencia de un fiscal, y potenciar la conformidad y la mediación.
Juzgados y fiscalías, ha dicho, funcionando las 24 horas del día atendiendo a hechos delictivos flagrantes y semiflagrantes que no necesitan instrucción.
Con las medidas que propone se solucionaría no menos que el 60 por ciento de los asuntos del proceso penal, ha aventurado Torres-Dulce, para quien el modelo español de tramitación judicial de las faltas es "insoportable" y único en el mundo.
Además, se ha preguntado por qué en España existe la tendencia a penalizar conductas de naturaleza administrativa y a que retornen a la Justicia los casos ya solucionados por la vía administrativa.
"No podemos resolver conflictos sociales sólo con el Código Penal", ha subrayado el fiscal antes de recordar que esta norma ha sufrido desde 1995 un total de 25 modificaciones, algunas de ellas en sentido contradictorio.
El fiscal general del Estado cree también que otro de los problemas de la Justicia es el "agujero negro" en lo civil y en lo penal de la ejecución de las sentencias. "No se consigue nada si nos eternizamos en las ejecuciones", ha apostillado .
Una constatación que le ha llevado a pedir un "mayor cuidado" de la Fiscalía y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en las inspecciones sobre las ejecuciones de los fallos de los tribunales.
Ha recordado, asimismo, su petición al Ministerio de Justicia de más medios personales y ha dejado claro que no aceptará un Código Procesal Penal -que sustituirá a la Ley de Enjuiciamiento Criminal- que no implique la adscripción al Ministerio Fiscal de unidades de Policía Judicial y de gestores tributarios.
La credibilidad de la Fiscalía, ha resaltado, se juega mucho en los procesos de corrupción y, por eso, necesita más medidos que eviten llegar al "colapso".
"Tenemos bastantes instrumentos para combatir la corrupción, pero es tal la acumulación (de casos), sobre todo del sector financiero, y son tan complejos, que creo que un incremento de los medios es necesario a fin de acortar los procesos", ha explicado.
Se ha referido también a otras cuestiones, como la futura sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo que la Fiscalía "acatará" sea cual sea su sentido, a los procesos sobre los "niños robados", cuya investigación potenciará el órgano que dirige "sin dar por archivado ningún caso". EFE
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