La inédita decisión fue anunciada en rueda de prensa por la fiscal Adriana Umpiérrez, quien declaró que "se solicitó el procesamiento, fue para 26 personas, 16 en carácter de autores y co-autores, 10 como cómplices. Para todos ellos fue por delito de tortura."
Las penas en este caso tendrían un mínimo de dos años de prisión y es un delito no excarcelable.
El anuncio se enmarca en el escándalo que conmocionó en julio pasado a los medios, la población y el ámbito político por la difusión de un video que mostraba a más de 30 funcionarios del Centro de Privación de Libertad (Ceprili) -internado de infractores juveniles dependiente del INAU (Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay)- golpeando y maltratando a cuatro internados.
Umpiérrez resaltó que "la fiscalía solicitó la totalidad de los procesamientos con prisión...no había otra opción".
La fiscal justificó la decisión indicando que "lo que fiscalía entendió es que (el hecho) se ajustaba al marco legal de tortura" y que existió "trato cruel, inhumano y degradante para con los internos", pero sobre todo a que el video llegó a la justicia tras ser divulgado en medios y redes sociales provocando conmoción pública.
El polémico video de una cámara de seguridad divulgado de forma anónima mostraba a dos adolescentes rompiendo una tapa de cemento de una alcantarilla para luego golpear con ellos los candados de las celdas de dos compañeros y hablar con algunos funcionarios detrás de una puerta de rejas, quienes celebraban una asamblea sobre los problemas que existen en Ceprili.
Enseguida, se abre la reja y entran más de 30 funcionarios que arrojan al piso a los dos internos que estaban desarmados y sin oponer resistencia. Mientras algunos los ponen contra el suelo y los golpean, otros les atan las manos.
En el video aparece el presidente del sindicato SINAU (gremio de empleados del INAU) y además vicepresidente de la central obrera única PIT-CNT, José Luis López, hoy licenciado de forma provisoria de su cargo. Ese hecho provocó reacciones políticas y gremiales, e incluso generó movimientos en la interna de la cúpula de la central sindical.
La repercusión gremial fue fuerte, con movilizaciones, críticas y apoyos solidarios a López, así como la renuncia a la cúpula directiva del PIT-CNT de Richard Read, secretario general de uno de los sindicatos más fuertes -el FOEB, de la Bebida-, quien se opuso a conceder licencia provisoria al dirigente cuestionado y a una investigación del incidente a cargo de la central.
"Nosotros confiamos en el poder judicial y la justicia.....no necesariamente compartimos los fallos judiciales pero los respetamos", aseguró de su lado Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, quien expresó su solidaridad con López.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también reaccionó condenando el incidente y pidiendo al gobierno uruguayo tomar cartas en el asunto, alegando que la tortura se enmarca en las disposiciones del tratado de Roma sobre crímenes de derechos humanos.
La decisión final sobre la tipificación del delito corresponderá al juez, luego de que este viernes los abogados de los acusados hagan sus descargos ante el tribunal.
Los abogados del director del Ceprili, de López y de los demás funcionarios involucrados se manifestaron "sorprendidos" por la dureza del pedido de la fiscal.
Juan Fagúndez, abogado de los empleados del Sinau, dijo que se sorprendió porque hubo una figural penal "severa" y "muy grave" que no puede abarcar a todos por igual, ya que las responsabilidades individuales fueron diferentes.
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