Madrid, 24 abr.- La Asociación de Fiscales (AF) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) creen que el Gobierno debería reaccionar ante las quejas sobre impunidad y falta de medios en la lucha contra la corrupción que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, hizo ayer en el Congreso de los Diputados.
Ambas asociaciones han coincidido con Torres-Dulce en reclamar más medios materiales y humanos para las fiscalías provinciales, donde se ventilan más del 80 por ciento de las causas de corrupción, para evitar que las investigaciones se alarguen en el tiempo y den como consecuencia la impunidad de comportamientos que el fiscal general tildó de "muy graves".
En declaraciones a Efe, el portavoz de la Asociación de Fiscales (AF), Emilio Frías, se ha mostrado "totalmente de acuerdo" con las reclamaciones de Torres-Dulce y espera que el Gobierno reaccione "sacando del cajón" antes del final de la legislatura algunas de las reformas prometidas, como el aumento de plantilla de fiscales o la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim).
"El fiscal general del Estado no es cualquiera, es el cuarto poder de la Nación. Lo que él dice es muy importante y el Ejecutivo y el Legislativo deberían correr ante sus reclamaciones. Si no lo hacen, entonces sí tenemos un problema muy importante", ha señalado a Efe el portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Álvaro García Ortiz.
Las asociaciones han aplaudido así las declaraciones de Torres-Dulce que ayer en la comisión Constitucional del Congreso abogó por establecer una "nítida diferenciación" entre aquellas conductas delictivas vinculadas con la función pública y aquellas otras actividades que "presentan caracteres propios del crimen organizado".
A juicio del fiscal general del Estado, esta diferenciación debe ser tenida en cuenta para dar "una respuesta institucional suficiente contra una lacra que atenta contra la esencia del sistema democrático, hipoteca el futuro de nuestra sociedad y rompe estrepitosamente la confianza de la ciudadanía en el Estado de derecho".
Para evitar esta percepción social, Álvaro García cree que deberían de establecerse una serie de requisitos legales para obligar a las Administraciones a responder a las peticiones de los fiscales en plazo y de forma concreta, evitando así que "las respuestas vagas sigan siendo la mejor defensa ante la corrupción".
Precisamente, para evitar que los procesos se perpetúen en el tiempo, Torres-Dulce consideró ayer "imprescindible" organizar los medios disponibles a fin de conseguir un "fiscal verdaderamente impulsor de la investigación", especialmente, para las causas "complejas con gran trascendencia".
Al respecto, defendió la necesidad de un modelo de instrucción en el que la policía y la Agencia Tributaria "dependan, no del control, sino de la dirección del Ministerio Fiscal", ya que -dijo- en España las "causas más complejas no las instruye el juez ni el fiscal, sino que vienen precocinadas" por ellos.
Ambas organizaciones han puesto el acento sobre la necesidad de que la policía judicial dependa directamente del fiscal, que es quien a su juicio debería definir las líneas de la investigación, evitando a sí, a juicio del portavoz de la UFP, "controles partidistas".
Esto ayudaría, en opinión de las asociaciones, a evitar que la ciudadanía tenga la percepción de que la "Justicia no trata igual a los poderos que al resto" y que los corruptos, que no tienen que devolver el dinero robado, crean que "el delito merece la pena una vez pasado el purgatorio procesal", tal y dijo ayer Torres-Dulce.
"Quien conoce al fiscal general sabe que siempre ha sido un hombre reivindicativo", ha concluido Frías, que cree que la "falta palpable" de medios avala estas reivindicaciones.
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