Fiscales de la UPF rechazan modelo de investigación del Código Procesal Penal

San Sebastián, 25 may.- La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha expresado hoy su rechazo "frontal" al modelo de investigación del borrador del Código Procesal Penal (CPP), que sustituirá a la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal, porque "agudiza los vicios que hoy por hoy lastran y dilatan la instrucción judicial".

Esta es una de las conclusiones aprobadas por el XXVIII Congreso de la UPF, celebrado entre ayer y hoy en San Sebastián, donde esta asociación ha renovado su junta directiva con el nombramiento de Álvaro García Ortiz (Santiago de Compostela), como presidente, y de Manuel Campoy (Valencia), como vicepresidente.

El documento de conclusiones de este congreso se centra en el rechazo de la Unión Progresista de Fiscales al CPP porque, entre otras razones, "fija plazos para la investigación del fiscal sin prever causas de interrupción de los mismos" por lo que, a su juicio, "el sistema estará llamado a abocar a un escenario de impunidad de los delitos de investigación compleja".

Este texto rechaza asimismo que el CPP "no prevea ni regule la investigación policial preliminar a la del fiscal" y que, aunque diga atribuir la dirección de las pesquisas al Ministerio Público, lo haga "desde la más absoluta desconfianza", ya que "el juez de garantías deviene en una especie de superior jerárquico o supervisor del fiscal investigador".

La UPF critica también, entre otros puntos, que "no exista" en el borrador del CPP "ninguna previsión acerca de qué necesidades estructurales y organizativas deberán ser cubiertas para garantizar la viabilidad del modelo".

"No cabe plantearse seriamente la asunción de la investigación penal por el fiscal sin que paralelamente se plantee la reforma de nuestro Estatuto Orgánico para introducir mecanismos eficaces de garantía de nuestra autonomía", recalca el escrito.

En cuanto a la figura del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, la Unión Progresista de Fiscales hace en sus conclusiones una "valoración global negativa de su actuación, por cuanto ha comportado un menoscabo de los principios de objetividad, imparcialidad y autonomía que deben presidir el ejercicio de la función fiscal".

La UPF censura, en este sentido, la actuación de Torres-Dulce en asuntos como "los restos de los trenes de Atocha", cuando se trataba de una "cosa juzgada y no existían indicios de delito", así como su actuación "respecto del fiscal superior de Cataluña" y el "caso Faisán" o su "pasividad" ante "un problema de gran impacto social y posible trascendencia penal como es el de las participaciones preferentes".

Las conclusiones del Congreso de la Unión Progresistas de Fiscales demandan asimismo "una mayor implicación de los poderes públicos en la lucha contra la corrupción" y alertan de que "la supresión o reducción drástica de los fiscales sustitutos, causará un grave perjuicio al servicio público que la Administración de Justicia presta a los ciudadanos".