La Fiscalía suma ya 86 investigaciones a residencias de ancianos en toda España

La Fiscalía General del Estado suma ya un total de 86 diligencias de investigación abiertas a las residencias de ancianos de todo el país por su gestión en la crisis del coronavirus. De acuerdo con los últimos datos facilitados por el Ministerio Público, la Comunidad de Madrid y Cataluña son las dos comunidades con mayor número de causas, en concreto 40 y 20, respectivamente, lo que supone cerca del 70% de todas las diligencias acordadas desde que se decretó el estado de alarma el pasado 14 de marzo. Se calcula que hasta la fecha han fallecido más de 11.000 mayores ingresados en estos centros por contagio de la Covid-19

Tras Madrid y Cataluña le sigue Castilla y León con un total de 7 casos de investigación abiertos; Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia con 5 causas penales  y Aragón, Canarias y La Rioja con una diligencia abierta en cada uno de estos territorios. Las comunidades que tras más de un mes de estado de alarma no cuentan con un ningún procedimiento a sus residencias de ancianos son Andalucía, Asturias, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Murcia, Navarra y País Vasco, de acuerdo con los datos actualizados por el órgano que dirige Dolores Delgado. 

En el ámbito civil el número de diligencias es ligeramente mayor y asciende a un total de 126. Se trata de las primeras actuaciones acordadas después de que la Fiscalía General del Estado pusiera en marcha a finales de marzo un plan para recabar información del total de 5.457 residencias, públicas y privadas que hay en el país. La Fiscalía General del Estado expuso entonces que recopilaba todos estos datos en aras a esclarecer si los hechos acontecidos en algunos de estos centros serían constitutivos de delito o infracción. De este modo se han incoado más de un centenar de expedientes que controlan directamente las fiscalías de las comunidades autónomas. 

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El objetivo de las acciones civiles, además de recopilar los datos necesarios a tenor de las denuncias interpuestas, reside también en mantener un seguimiento de la evolución. En algunos de estos casos ha intervenido la Fiscalía General del Estado atendiendo los requerimientos formulados por los responsables y trabajadores de estos centros, familiares de residentes y otros ciudadanos. Destaca que, del total de 126 diligencias civiles abiertas, Cataluña concentra cerca de la mitad, con 50 casos. Le sigue Castilla y León (15); Galicia (11); Andalucía (10); Comunidad Valenciana (9), Castilla-La Mancha (8); Extremadura (7); Madrid (4); Aragón (3); Cantabria (3); Canarias (2) y La Rioja, Murcia, Navarra y País Vasco con una en cada territorio. 

El colectivo de la tercera edad es el más vulnerable en la crisis por el coronavirus. Solo en la Comunidad de Madrid han fallecido en estas últimas semanas más de 5.200 ancianos en todos los centros de la capital. Tras semanas en los que se tornó muy complicado hacer balance de las víctimas del coronavirus en los centros de la tercera edad, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció que ya habían recibido todos los datos reclamados a cada comunidad autónoma en relación a los decesos. El responsable de la cartera ordenó que las autoridades competentes de cada comunidad remitieran dicha información a Sanidad antes del día 8 de abril. Hasta la fecha el cómputo total de personas que han perdido la vida en estos centros asciende a más de 11.000.

La Fiscalía General del Estado abrió diligencias penales para investigar el alto número de decesos ocurridos en los geriátricos de todo el país. Lo hizo a tenor de la denuncia interpuesta por el Ministerio de Defensa después de que el Ejército hallara cadáveres en estos centros de mayores. En un primer momento la Fiscalía del Tribunal Supremo centralizó toda la información aportada por la UME si bien el órgano que dirige Dolores Delgado terminó archivando el asunto y dejándolo en manos de las fiscalías provinciales por ser las competentes para indagar acerca de estos hechos.