El ente acusador colombiano examinará "los alcances de cosa juzgada que tienen los indultos que se promovieron hace cerca de 20 años en favor del M-19 (Movimiento 19 de Abril)", dijo Montealegre a periodistas.
Los miembros de esa guerrilla nacionalista fueron indultados en el marco de un proceso de paz en el que dejaron las armas en 1990, pero la Fiscalía revisará "si esas amnistías abarcan o no delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra", dijo Montealegre.
El anuncio ocurre cuando acaban de cumplirse 30 años de la toma, por parte del M-19, del Palacio de Justicia en Bogotá y de su violenta recuperación por las fuerzas armadas, hechos que dejaron un centenar de muertos -entre ellos 11 magistrados- además de una decena de desaparecidos.
"Tenemos que determinar si esas amnistías y esos indultos abarcan los hechos del Palacio de Justicia", insistió Montealegre.
Por las desapariciones forzadas y torturas contra personas que salieron vivas del edificio, ubicado a pocos metros del Congreso y la casa presidencial, el Estado fue condenado el año pasado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Como parte de esa sentencia, el presidente Juan Manuel Santos pidió el viernes perdón por los excesos cometidos en 1985, y por la falta de esclarecimiento de lo ocurrido.
El tema generó polémica en Colombia porque mientras algunos militares están detenidos por estos hechos y otros están siendo investigados, exmiembros del M-19 gozan de inmunidad.
"Si la Fiscalía llega a la conclusión de que los indultos y las amnistías proferidas a favor de la cúpula del M-19 no abarcan delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, (ésta) podría iniciar inmediatamente investigación" contra aquellos líderes que no murieron en la toma del Palacio de Justicia, agregó Montealegre.
En ese caso, la autoridad que podría levantar aquellos indultos y amnistías es la Corte Suprema de Justicia, "en la medida en que se den los presupuestos que haya señalado el derecho internacional", señaló el fiscal.
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