"Nosotros estamos seguros de lo que pasó", se trató de "un gran incendio" en el que fueron "quemados un grupo importante, sin poder afirmar que fueron los 43, pero sí un grupo importante de estudiantes", dijo a Imagen Radio, Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal de la fiscalía general.
"Lo tenemos tan sustentado (...) los peritajes realizados por los expertos de la Procuraduría General de la República que obran en los expedientes son contundentes", enfatizó Zerón.
Las declaraciones del funcionario se producen un día después de que expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desmontara la versión oficial de los hechos en un informe sobre este crimen que conmocionó al mundo y generó fuertes críticas al gobierno de Enrique Peña Nieto.
Tras seis meses investigando el caso, el grupo de expertos dijo que "no existe ninguna evidencia" de que 43 cuerpos fueron cremados durante 16 horas en el basurero de Cocula (Guerrero, sur), una comunidad cercana a Iguala, donde los jóvenes desaparecieron en septiembre.
Alegando detentar una "verdad histórica", la fiscalía mexicana concluyó el año pasado que la noche del 26 de septiembre de 2014 estudiantes de la escuela de maestros rurales de Ayotzinapa (Guerrero, sur) fueron atacados por policías locales coludidos con criminales en Iguala, cuando los jóvenes tomaron a la fuerza autobuses para sus movilizaciones políticas.
Luego, los policías habrían entregado a los 43 estudiantes -conocidos por su ideología de izquierda- a un grupo narcotraficante, que los asesinó por sospechar que eran miembros de un cártel rival.
En base a las conclusiones del reconocido perito peruano José Torero, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), conformado por la CIDH, sostiene que el fuego tendría que haber durado al menos 60 horas y habría requerido 30 toneladas de madera y 13 de neumáticos, de lo que no existe rastro científico en el lugar.
El informe también reveló el ejército supo que policías municipales coludidos con el cártel local Guerreros Unidos atacaron a los estudiantes.
Como parte de su investigación, la fiscalía envió al reconocido laboratorio de la Universidad de Innsburck de Austria restos de los estudiantes encontrados en el río San Juan.
Con pruebas de ADN, Alexandre Mora fue identificado y ese elemento fue usado por el gobierno como una de sus pruebas para sostener que los estudiantes fueron incinerados en el basurero a cielo abierto de Cocula.
Pero Francisco Cox, integrante del GIEI, refutó ese punto.
"Efectivamente Alexander Mora está identificado en una prueba científica irrefutable", pero sus restos fueron encontrados a 59 minutos del basurero y puede haber sido incinerado en otra parte", dijo el lunes a Milenio TV.
El presidente Enrique Peña Nieto dijo el lunes que "si bien hay algunas diferencias" con las conclusiones del GIEI, "éstas podrán ser superadas con nuevos peritajes".
Peña Nieto, quien fue criticado por haberse reunido solo una vez con los padres de los estudiantes, aceptó verlos de nuevo junto con los expertos del CIDH, después de que exigieron que el mandatario les de "la cara".
"Me une a ellos el deseo de conocer la verdad", dijo el presidente durante un evento en Puebla (centro).
Tras la difusión del informe de los expertos, la fiscal general, Arely Gómez, anunció que se realizará un nuevo peritaje sobre la presunta incineración en Cocula.
Pero lo que en realidad hará la fiscalía, matizó Zerón, será crear un grupo de peritos forenses "del más alto prestigio a nivel internacional" para que "valide los peritajes" que ha realizado esa instancia.
Los estudiantes fueron baleados por policías corruptos y presuntos sicarios la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre pasado en Iguala cuando estaban a bordo de autobuses de líneas comerciales de pasajeros que habían tomado para efectuar una recolecta.
Los expertos recomendaron al gobierno investigar si los alumnos de la escuela de Ayotzinapa fueron atacados y desaparecidos por haber tomado sin saberlo un autobús cargado con heroína.
Iguala, que forma parte del estado de Guerrero, está reconocida como una de la principales rutas en México para el trasiego de drogas a Estados Unidos.
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