Fiscalía mexicana registra 30 inmuebles en pesquisa contra exgobernadores

México, 6 jun.- La Fiscalía mexicana ha registrado al menos 30 inmuebles en el marco de una investigación sobre lavado de dinero contra Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, exgobernadores del nororiental estado de Tamaulipas, dijeron hoy fuentes de la institución.

Las fuentes indicaron a Efe que los registros han tenido lugar en Ciudad de México, Tamaulipas y Quintana Roo (sureste del país), e involucran propiedades que presuntamente pertenecen a los exgobernadores y otros implicados en la pesquisa sobre supuestas "operaciones financieras e inmobiliarias con recursos de procedencia ilícita".

Señalaron que los registros se efectuaron con base en declaraciones hechas ante la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) por las personas sujetas hasta ahora a "arraigo" (detención preventiva) en el caso: Eduardo Rodríguez Berlanga, Napoleón Rodríguez de la Garza y Zonia Nereida De Pau García.

Añadieron que en los cateos se logró reunir información que ha permitido enriquecer la averiguación, y no descartaron que otras personas sean llamadas a declarar como presuntos operadores financieros o testaferros de Yarrington y Hernández.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el 12 de mayo ante cortes federales estadounidenses demandas contra Yarrington para decomisarle inmuebles que presuntamente compró en Texas por medio de testaferros y con dinero del narcotráfico.

Asimismo, ha pedido a México información sobre la situación patrimonial de Yarrington, quien fue gobernador de 1999 a 2004, para continuar integrando las acusaciones en su contra en ese país.

Este miércoles, Eugenio Hernández, quien sucedió a Yarrington en el Gobierno de Tamaulipas, negó "rotunda y categóricamente" tener vínculos con la delincuencia organizada, y confió en que saldrá "avante" de la investigación en su contra si ésta se apega a derecho.

A través de un comunicado, Hernández también negó tener negocios con empresarios de Tamaulipas que son investigados en México por presuntos nexos con los cárteles de las drogas.

"Estoy de acuerdo en que se me investigue", señaló el exgobernador (2005-2010), pero pidió que antes de ser juzgado no le condenen ante su familia, su partido (Revolucionario Institucional, PRI) y la opinión pública.