Madrid, 24 sep.- La Fiscalía Antidroga ha pedido penas de entre 15 y 21 años de cárcel para tres acusados de asesinar y quemar con cal viva en 2004 a un miembro de la organización que formaban y que se dedicaba a distribuir cocaína desde Galicia a distintas partes de España, mientras que ha retirado la acusación para otros cuatro.
Así lo ha anunciado el fiscal antidroga Javier Redondo en el juicio que se sigue ante la sección primera de la sala de lo penal en la Audiencia Nacional donde además ha pedido dos años de cárcel por encubrimiento para otros cuatro acusados, entre ellos Rosa María Charlín Martínez -hija del narcotraficante José Luis Charlín-.
Los otros tres acusados son Juan Marcos Vigo Fernández, María Adela Vilas Soliño y Eloy Val Carvallo, para el que también ha reclamado un año y siete meses de prisión por un delito de tráfico de drogas y una multa de 150.000 euros.
Redondo ha retirado la acusación de Juan Rodríguez González, Manuel José Pazo Taboada, Roberto González Cuevas y Juan Berbell Briones, y la acusación particular ha hecho lo mismo con los tres últimos, que han quedado absueltos y han abandonado el juicio ya que ninguna de las partes ha mantenido su imputación.
La mayor de las penas (21 años) la ha reclamado para José Jorge Durán Piñeiro y Miguel Ángel Fernández Rodríguez, a los que acusa de un delito de tráfico de drogas (6) y de otro de homicidio (15) y para los que además ha reclamado que paguen una multa de 600.000 euros.
Del delito de homicidio, el fiscal Redondo también considera autor a Marco Antonio Fernández Rodríguez por lo que ha pedido para él 15 años de prisión, además de reclamar que los tres indemnicen a los padres del fallecido Fernando Caldas Vilar con 100.000 euros y a su hermana con 40.000 euros.
Alternativamente ha planteado que si a estos tres acusados no se les condena por homicidio, se les imponga una pena de 10 años de cárcel por detención ilegal agravado.
Según ha sostenido el fiscal, la organización estaba dirigida por Durán Piñeiro, posición que mantuvo tras su ingreso en prisión "hasta el extremo" de que de algunas operaciones percibía un porcentaje de las ganancias.
Tras la práctica del juicio oral "no ha podido acreditarse la participación" del resto de los procesados por el delito de tráfico de drogas, "más allá de un cierto conocimiento de tal actividad" por parte de Vigo Fernández.
Durán, pareja sentimental de Charlín, dueña de la tienda de telefonía donde trabajaba Caldas, ordenó por carta a Miguel Ángel Fernández que le "hiciera desaparecer" porque no cumplía sus órdenes y por comportarse "de manera demasiado ostentosa", lo cual podía levantar sospechas sobre sus actividades.
Los días 14 y 15 de julio de 2004, según el fiscal, Miguel Ángel Fernández y Val se trasladaron a Alicante, por orden de Caldas, en un vehículo propiedad de este último, "especialmente acondicionado" para el transporte de drogas, y una vez allí, entregaron un paquete con 10 kilogramos de cocaína y recibieron 300.000 euros.
Miguel Ángel Fernández, cumpliendo las órdenes de Durán, y ayudado por su hermano Marco Antonio, capturaron a Caldas el 16 de julio, cuando acudió "confiado" al "piso franco" a recoger el dinero procedente de la venta de la droga, y le introdujeron en el maletero del citado coche.
Seguidamente, los captores llevaron a Caldas a un lugar indeterminado, le mataron e hicieron desaparecer su cadáver quemándolo con cal viva, tras lo que Miguel Ángel Fernández huyó en el coche del fallecido, que escondió en un garaje en Puenteareas (Pontevedra), y desde allí se fue con su hermano en otro coche.
Ese día, Val, por orden de Fernández, retiró los 300.000 euros obtenidos en Alicante del coche utilizado por la organización, lo limpió de las posibles huellas que tuviera y se deshizo del saco que contenía la cal usada con Caldas
Posteriormente, denunciaron la desaparición junto a los padres de Caldas.
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