En el marco de la investigación iniciada hace más de un año en Marsella, un juez francés debe viajar "pronto" a España para "realizar entrevistas y allanamientos" en colaboración con las autoridades judiciales españolas, dijo a la prensa el fiscal Brice Robin.
La justicia francesa sospecha que hubo "fraudes en la prestación de servicios internacionales", precisó.
De momento, se trata de "identificar a los autores y los responsables de este fraude", declaró. Terra Fecundis ejerce al parecer competencia desleal con relación a los trabajadores rurales franceses y a empresas que respetan el derecho laboral.
Con sede en Murcia (sur de España), Terra Fecundis despacha cada año de manera zafral a "varios miles de personas" llegadas en su mayoría de Ecuador a explotaciones agrícolas en el sur de Francia, agrega.
Los establecimientos agrícolas se encontrarían en los departamentos de Bouches-du-Rhône, Hérault, Gard o Ardèche.
La empresa española los envía a Italia o Francia como trabajadores --que la legislación autoriza bajo estrictas condiciones-- "sin respetar desgraciadamente las reglas sociales y fiscales vigentes en Francia", prosiguió el fiscal.
Los trabajadores agrícolas ganan un salario de entre 800 y 900 euros por mes, muy por debajo de las normas francesas pero más de lo que ganarían en su país de origen. Los sindicatos, entre ellos la CGT, han denunciado desde hace meses condiciones de trabajo dignas según ellos de "esclavos del siglo XXI".
Varias fiscalías siguen de cerca la situación desde hace años y los casos fueron reagrupados en Marsella en manos de la Jurisdicción interregional especializada (JIRS) hace año y medio. Las investigaciones fueron confiadas a la Gendarmería Nacional y la Dirección del Trabajo.
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