"Nuestro principio es el de mayor flexibilidad, pero no el de una protección menor" de los puestos de trabajo, declaró el primer ministro Manuel Valls al revelar los lineamientos del proyecto anunciado dos días antes por el presidente François Hollande.
El gobierno prevé una aprobación de la ley antes del verano de 2016, menos de un año antes de la próxima elección presidencial.
Valls justificó el proyecto por la necesidad de simplificar una legislación social considerada a menudo como un obstáculo para dinamizar el mercado laboral, en un país que cuenta con 3,5 millones de desempleados (10% de la población activa).
El Código de Trabajo, un volumen de más de 3.000 páginas, se ha convertido en un instrumento "demasiado complejo y a veces incluso ilegible", afirmó Valls.
Valls, a menudo en la mira del ala izquierda del PS por medidas consideradas demasiado favorables a los medios empresariales, destacó sin embargo "necesario" mantener en Francia un "marco común" de derechos fundamentales.
La legislación no se propone de ningún modo, aclaró, cuestionar la existencia de un salario mínimo, del contrato de trabajo o de la semana de 35 horas, denostada por la oposición de derecha y por la patronal pero reivindicada por la izquierda como una conquista social.
La reforma contempla en cambio la posibilidad de dar primacía a los "acuerdos colectivos", por sector o por empresas, en las negociaciones sobre salarios, puestos de trabajo o duración de la jornada laboral, indicó el jefe de gobierno.
Esos acuerdos deberán ser aprobados por un voto "mayoritario", es decir, firmados por los sindicatos que representen a por lo menos la mitad de los votantes en las elecciones profesionales, frente a 30% actualmente.
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