Gallardón atribuye al "centro-derecha" el mérito de luchar contra la "delincuencia de guante blanco"

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, atribuyó hoy al "centro-derecha" el mérito de emprender la lucha contra "la delincuencia de guante blanco" y acusó al PSOE y La Izquierda Plural de moverse por "intereses de sigla".

La reforma del Código Penal, que endurece las penas de delitos fiscales y contra la Seguridad Social, se debatió esta mañana en el pleno del Congreso. El plato fuerte fue el debate sobre las dos enmiendas de devolución presentadas por el PSOE e Izquierda Plural, que denunciaron la incongruencia de la medida con la "amnistía fiscal" ofertada por el Gobierno.
El texto recoge las modificaciones del Código Penal planteadas en los proyectos de ley de transparencia, contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social y de modificación de la normativa tributaria para la prevención y lucha contra el fraude.
El ministro defendió que estas modificaciones serán instrumentos útiles para luchar contra el fraude y atribuyó la oposición de esas dos formaciones a que "no haya sido un gobierno de izquierdas, sino uno de centro-derecha, el que vaya a perseguir de verdad la delincuencia de guante blanco". Gallardón pidió a las dos formaciones que no se dejen llevar "por intereses de siglas" y que respalden a una reforma "pionera, valiente y de auténtica vanguardia política y jurídica".
El portavoz del PSOE en materia de Justicia, Julio Villarrubia, aseguró que el proyecto es "una chapuza y una desvergüenza política y social" que "podría ser inconstitucional".
"Si ustedes consuman este atropeyo", advirtió el responsable socialista, "esta ley injusta durará mientras dure la mayoría absoluta del Partido Popular, ni 24 horas más".
En su respuesta, el ministro dijo a Villarrubia que lo que está haciendo con esta afirmación es "empezar la campaña electoral para las próximas elecciones" a favor del PP, "porque la sociedad no quiere que no se castigue a los defraudadores. Lo que le irrita es no haber presentado usted este proyecto", afirmó.
El portavoz socialista reprochó al Gobierno que "criminaliza" a los trabajadores, desempleados y pensionistas que podrán incurrir en sanción penal si reciben indebidamente una prestación.
Para los socialistas, lo más "indecente" es que al mismo tiempo la reforma establece bonificaciones para aquellos defraudadores que una vez "pillados" tengan dinero para regularizar su situación.
"Esta reforma destila pura ideología", dijo Villarrubia, y los socialistas van a estar "frontalmente en contra de cualquier criminalizacion de trabajadores, desempleados y pensionistas, al tiempo que "establece la impunidad para grandes defraudadores a los que "rebaja la pena". En suma, el PSOE considera que esta es una reforma "ultraconservadora y escasamente democrática".
Saliendo al paso de la insinuación sobre la posible presentación de un recurso de inconstitucionalidad, Gallardón espetó a la bancada socialista que "cuando ustedes recurren a los tribunales lo hacen por el beneficio o el perjuicio que le causa a su propia formación política".
Por su parte, el portavoz de La Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, se quejó del "menosprecio" del Gobierno, que "nos ha pasado por la piedra" y no ha dado tiempo suficiente al "trámite parlamentario".
Para esta formación, la roforma va especialmente "contra los perceptores" de prestaciones y constituye un paso más en la estrategia de "populismo punitivo" del Gobierno con el objetivo de "parar las aguas del debate público".
La Izquierda Plural considera que esta reforma es "deficiente, discriminatoria e incriminadora con los débiles", que persigue "un objetivo recaudatorio" y deja de lado la penalización de los delitos de "corrupción que brillan por su ausencia".
El ministro insistó en el objetivo del Gobierno no es penalizar los que perciben prestaciones indebidas sino luchar contra las mafias de "explotadores" de trabajadores, que se escudan en su condición de irregulares para imponer unas condiciones laborales "infrahumanas".
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NUEVA NORMATIVA
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La modificación del Código Penal incluye un nuevo subtipo de delito agravado para las "conductas más graves" en el ámbito fiscal y contra la Seguridad Social, que pasan a ser sancionadas con una pena máxima de seis años de cárcel y que prescribirán en un plazo de 10 años (frente a los cinco actuales).
Según el proyecto de ley aprobado por el Gobierno, la nueva pena máxima se aplicará en delitos fiscales que superen los 600.000 euros, en aquellos cometidos por una "organización o grupo criminal", y en los que se utilicen testaferros, negocios fiduciarios o paraísos fiscales para ocultar la identidad del obligado a declarar.
En lo que respecta a la Seguridad Social, se contempla el fraude basado en el uso de "empresas fantasma" que simulen relaciones laborales para obtener prestaciones o subvenciones públicas sin estar realizando ninguna actividad real.
También se aplicará a quienes utilicen "talleres clandestinos" con grupos de trabajadores que no estén dados de alta en la Seguridad Social o que no hayan obtenido la correspondiente autorización de trabajo.
Además, los fraudes que superen los 50.000 euros serán perseguidos por la vía penal, mientras que hasta ahora la cuantía mínima defraudada exigida era de 120.000 euros.
El proyecto del Ejecutivo introduce una "rebaja importante" de la pena para quienes reduzcan el perjuicio causado a Hacienda regularizando los activos ocultos en el plazo de dos meses después de recibir la citación judicial o colaborando en la identificación de otros responsables.
Otro de los supuestos plantea penas de prisión de uno a cuatro años para los funcionarios que falseen la contabilidad de entidades públicas o faciliten a terceros información falsa causando perjuicio a dichas entidades.