Gallardón cree búsqueda de niños robados debe hacerse aunque prescriba delito

Madrid, 6 mar.- El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado hoy que al margen de cómo evolucionen las denuncias de los afectados por la causa de los "niños robados", el Estado tiene la obligación de localizar a estas personas que fueron sustraídas de sus familias al nacer.

Así se ha pronunciado Ruiz-Gallardón en el pleno del Senado, donde ha sido interpelado por el senador del grupo vasco José María Cazalis, quien le ha preguntado por las medidas que adoptará el Ejecutivo para investigar el robo de bebés que tuvo lugar entre las décadas de los años cuarenta hasta los noventa.

El titular de Justicia ha asegurado que ha dado "prioridad absoluta" a este caso "que choca frontalmente" con el modelo de sociedad que defiende el Ejecutivo y ha descartado eludir cualquier responsabilidad.

Así, ha enumerado las acciones que emprenderá su departamento en este asunto, después de haber recopilado las demandas de las asociaciones de afectados que se reunieron con el secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, el pasado 10 de febrero.

Gallardón ha reconocido las dificultades que tienen estas personas de encontrar a los familiares que fueron robados al nacer cuando los tribunales archivan las denuncias, en la mayoría de los casos por la prescripción del delito.

En este sentido, el ministro ha dicho que está "absolutamente convencido" de que, al margen de la evolución de la vía penal de estos casos y de la prescripción de éstos, "subsiste la obligación del Estado" de encontrar a los familiares que fueron robados.

Ha señalado que se ha puesto en contacto con el Ministerio del Interior para que las fuerzas de seguridad investiguen, ya que el hecho de que los tribunales digan si los delitos están prescritos o no, no quita que se lleven a cabo las pesquisas policiales "de cara a la búsqueda de la verdad objetiva".

También ha resaltado que Justicia ha comenzado ya un trabajo conjunto con la Agencia Española de Protección de Datos, que emitirá "lo más breve posible" un informe técnico para conocer las posibilidades legales de acceder a los archivos para la búsqueda de los "niños robados".

La semana que viene, ha señalado Gallardón, este grupo de trabajo se incorporará al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad "para abrir otra vía de colaboración dada la implicación en cuanto a la actuación en clínicas y hospitales".

Asimismo, ha dicho que ha solicitado a la Fiscalía General del Estado un análisis de viabilidad sobre la posibilidad de que exista una instrucción general dirigida a las fiscalías provinciales para establecer unas pautas de actuación en todos los casos.

Gallardón ha considerado necesario analizar la efectividad del protocolo aprobado por el anterior Gobierno para la práctica de pruebas de ADN por parte del Instituto Nacional de Toxicología.

También ha apuntado que, si bien no puede prometer análisis de ADN "gratuitos y universales", sí se estudiará la manera de mejorar la atención que se presta a los afectados en estas prácticas y de garantizar "al máximo" su eficacia.

Respecto a las oficinas de víctimas, ha subrayado que Justicia estudia la posibilidad de elaborar "directrices comunes" de actuación para que los afectados tengan "un punto de referencia" al que acudir.