Gallardón perseguirá el “fraude” en el uso de la justicia gratuita

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció hoy que su departamento garantizará el derecho a la justicia gratuita pese los recortes económicos, aunque anunció que se redoblará el esfuerzo para evitar el “fraude” que supone tener abogado de oficio cuando se dispone de recursos suficientes para pagar un letrado.
Gallardón hizo esta consideración en una rueda de prensa en la sede de su Ministerio, donde explicó los presupuestos de Justicia para 2012.
El ministro señaló que el presupuesto para su departamento es “austero”, aunque “eficaz”. Apuntó que se garantizará el acceso a la justicia gratuita, aunque se van a introducir mejoras en este servicio.
En concreto, explicó que se va a “revisar la vigente regulación de la justicia gratuita para garantizar que quienes de verdad carezcan de recursos puedan litigar y que lo puedan hacer en igualdad de condiciones”. Sin embargo, indicó que también se redoblarán esfuerzos para “comprobar la existencia real de ese derecho, en definitiva un mecanismo de persecución de fraude”.
Esto supone, por ejemplo, que, cuando un caso judicial cambie de instancia, se comprobará que el ciudadano sigue careciendo de los recursos económicos necesarios para pagarse un abogado. Al mismo tiempo, el ministro expresó su “compromiso” de “no bajar el umbral de renta que determina el beneficio de la asistencia gratuita”. Destacó que este compromiso es “firme”.
También a este asunto se refirió el subsecretario de Justicia, Juan Bravo, quien explicó que el Ministerio está negociando con las comunidades autónomas un sistema que garantice el pago de los abogados de oficio. Los colegios de letrados se han quejado en los últimos meses de que hay gobiernos regionales se retrasan en el pago de las minutas.
“CAMBIO DE MODELO”
Gallardón hizo estas consideraciones tras explicar que el presupuesto del Ministerio de Justicia para 2012 será de 1.574 millones, lo que supone una disminución de un 6,3 por ciento respecto a las cuentas de 2011.
El ministro enmarcó esta reducción en la prioridad que se ha impuesto el Gobierno de Mariano Rajoy de reducir el déficit de España para cumplir los compromisos con la Unión Europea. A pesar de esta reducción, Gallardón se refirió a que el “principal problema” de la Administración de Justicia española no es tanto la dotación económica como la necesidad de un “cambio de modelo”.
Explicó que la reducción presupuestaria está concentrada en nuevas inversiones, aunque se garantizan las inversiones que se empezaron a desarrollar en años anteriores.
El titular de Justicia también se refirió a la revisión de las tasas judiciales planteadas por su departamento y explicó que se espera obtener con ello unos 300 millones de euros en 2012. Añadió que este mayor ingreso irá destinado a financiar la justicia gratuita. En este sentido, a pesar de la reducción del presupuesto ministerial en un 6,3 por ciento, la partida destinada a la justicia gratuita se incrementará en un 7,2 por ciento en 2012.
Otras partidas que incluye el presupuesto de Justicia son los 60,3 millones que se dedicarán a modernización del sistema judicial.
Además, el secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, explicó que su Ministerio no convocará oposiciones en 2012, aunque los jueces y fiscales que ya están terminando su preparación serán destinados a cubrir plazas de interinos.