El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha ordenado la puesta en libertad sin fianza del magnate chino Gao Ping, el presunto líder de la trama de desvío de capitales y evasión fiscal desarticulada en la ‘Operación Emperador’, así como de otros 11 supuestos cabecillas de la red mafiosa.
Andreu ha impuesto a los liberados la obligación de comparecer diariamente ante su juzgados de la Audiencia Nacional (entre las 9.00 y las 14.00 horas), además les ha retirado el pasaporte y les ha prohibido la salida del territorio nacional, según se señala en los autos dictados hoy. Ping saldrá en las próximas horas de la prisión de Villena (Alicante), en la que ingresó el pasado 20 de octubre.
Entre los excarcelados se encuentran también Lizeng Yang, la mujer de Ping, y Hai Bo Li, su guardaespaldas y presunto líder de la red de extorsión. También han quedado en libertad Quiaoya Ying, Dinghua Ying, Jingjie Ying, Augusto Edwin Su, Ramón Antonio Aponte, Jianwei Pang, Xiaoshuang Zhu, Qibao Guo y Qiufen Wang.
El magistrado concreta en sus autos que imputa a Ping y el resto de supuestos cabecillas delitos de pertenencia a organización criminal, contrabando, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. También destaca que existen “indicios suficientes como para imputar a los inculpados su participación en delitos de carácter grave”.
Orden en la sala
La puesta en libertad de Ping, al igual que la del resto de supuestos ‘cabecillas’ de la trama mafiosa, se basa en el ‘error’ del juez Andreu a la hora de prorrogar sus detenciones. Los presuntos líderes ingresaron en prisión preventiva por orden del magistrado de la Audiencia Nacional el 19 y 20 de octubre.
Andreu ha decretado las puestas en libertad obligado por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Este tribunal, presidido por el magistrado Alfonso Guevara, considera que las prórrogas de las detenciones de los presuntos líderes de la red de Ping, decretadas por el juez Andreu con apoyo de la Fiscalía Anticorrupción y que superaron el límite de 72 horas, no tenían “cobertura legal” y se basaron en una “interpretación errónea” de la legislación y de la doctrina del Tribunal Constitucional. El tribunal ha rechazado todos los recursos que la Fiscalía Anticorrupción ha interpuesto para tratar de paralizar las órdenes de puesta en libertad.
Revisión de las libertades
La Audiencia Nacional ya había puesto en libertad, también en base al ‘error’ de Andreu, a otros cuatro presuntos líderes de la trama, en concreto al contable Kai Yang así como a Wei Lin, Yongping Xia y Lingzhi Hu Zhou.
El debate jurídico abierto tras la decisión de la Sección Tercera podría llegar al pleno de la Sala de lo Penal, compuesto por 19 magistrados. El presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska, ha planteado a sus compañeros la posibilidad de debatir el caso en pleno después de que así lo haya solicitado el magistrado José Ricardo de Prada ante la complejidad jurídica del asunto y la necesidad de unificar criterios. La decisión de la Sección Tercera supondrá la excarcelación de alrededor de 20 presuntos líderes de la trama.
Estos imputados fueron detenidos junto al resto del centenar de arrestado a las 6.00 horas del pasado 16 de octubre en el marco de la “Operación Emperador” contra la mafia china. Ante el gran número de detenidos, el lento goteó de declaraciones y el vencimiento de las 72 horas legales de arresto, el juez Andreu se vio obligado el 18 de octubre a ampliar el periodo de detención para una treintena de los arrestados, incluido Gao Ping.
El magistrado de la Audiencia Nacional decidió dejar a este grupo de detenidos para el final precisamente por ser los supuestos cabecillas de la trama y los que presuntamente están más implicados en el caso. No pudo tomarles declaración hasta el viernes 19 y el sábado 20 de octubre.
Andreu se defiende
A pesar de reconocer que fue él quien ordenó las detenciones, Andreu defiende en sus autos que no supusieron arrestos judiciales porque el objetivo era ponerles a disposición de la Policía Judicial para que se practicasen las diligencias de investigación, como los registros de los domicilios y las sedes de las empresas. “Es por ello que el auto de 15 de octubre (que decreta los arrestos) ordena la detención, pero no que los detenidos sean entregados al juzgado de forma inmediata, sino que los mismos sean puestos a disposición judicial en el plazo más breve, sin exceder las 72 horas legalmente establecidas”, señala el juez en su auto.
Entiende por lo tanto que estaba legitimado para ampliar el plazo de detención una vez la policía puso a su disposición a los arrestados. “No se produce por ello ninguna infracción a los dispuesto en la Constitución”, asegura Andreu.
El juez, tras conocer la decisión de la Sección Tercera, dijo el pasado 22 de noviembre asumir su “responsabilidad” por el supuesto error en la prórroga de la detención de los arrestados en la operación. “Asumo todas las consecuencias pero sigo pensando que no me he equivocado”, dijo el magistrado.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha anunciado hoy que ha recibido la primera denuncia contraa el juez Andreu, interpuesta por uno de los abogados de los imputados de la ‘Operación Emperador’.
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