Málaga, 14 feb.- La exteniente de alcalde de Marbella Isabel García Marcos ha llegado hoy a un acuerdo de conformidad en una pieza separada del caso Malaya por el que se le rebaja la pena que solicitaba la Fiscalía de tres años de prisión a un año, según ha confirmado a Efe su abogado, José Luis Rueda.
A dicho acuerdo, que se ha materializado en la Audiencia Provincial de Málaga, también se han acogido el exteniente de alcalde de Marbella José Jaén, así como dos empresarios.
Ambos exconcejales han mostrado su conformidad con las acusaciones de un delito de cohecho pasivo para acto injusto no realizado y por otro de asesoramiento indebido y se ha retirado la acusación que había para las parejas de García Marcos y Jaén.
El abogado de García Marcos ha explicado que debido al acuerdo no será necesario que comparezcan ni los procesados ni sus defensas, aunque queda pendiente un acusado que aún no se ha acogido al mismo.
El juicio estaba previsto que se celebrase la próxima semana por la ley de procedimiento del jurado.
La Fiscalía malagueña acusaba a García Marcos de un delito de cohecho pasivo y asesoramiento indebido a empresarios a los que supuestamente cobraba por asesorarlos.
La trama ideada consistía, según el fiscal, en ofrecer a empresarios que estuviesen interesados asesoramiento y mediación, gestionando sus necesidades para conseguir sus pretensiones a cambio de la pertinente retribución económica.
Los dos tenientes de alcalde presuntamente "garantizaban" a sus clientes con su servicio de consultoría el éxito del proyecto encomendado, "dada su privilegiada posición en el ente municipal".
Los servicios que prestaban eran muy diversos y variados y dependían de las necesidades de sus clientes, según se explica en el relato acusatorio.
Entre los servicios que prestaban estaba la redacción de escritos dirigidos al consistorio y a otras administraciones, recabar información sobre la configuración urbanística de los terrenos, gestionar modificaciones urbanísticas, rescatar concesiones administrativas, elaboración de proyectos de construcción e incluso participar en la venta de parcelas o de inmuebles ya edificados.
Para ello crearon la sociedad Icaria Málaga S.L. en la que sus cónyuges eran socios y "conocían perfectamente la finalidad perseguida", según la acusación pública.
Actualmente García Marcos está pendiente de la resolución del recurso que ha presentado contra la sentencia del caso Malaya, en el que fue condenada a cuatro años de prisión por los delitos de cohecho pasivo continuado para acto injusto no realizado y alteración del precio de subasta y concurso.
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