Madrid.- La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, debatirá hoy con las comunidades autónomas el anteproyecto de ley de la ciencia, tecnología e innovación, un texto que pretende ahondar en la coordinación del sistema de investigación con la creación del Consejo de política científica y tecnológica.
El encuentro será hoy en Sevilla, en la delegación del Gobierno de Andalucía, y Garmendia se reunirá con las comunidades autónomas en el marco del Consejo General de la Ciencia y la Tecnología, órgano que, según el anteproyecto de ley, será sustituido por el Consejo de política científica y tecnológica.
Según el borrador del anteproyecto de ley, que previsiblemente se aprobará en Consejo de Ministros el próximo 12 de marzo, se crea el citado consejo como "órgano de coordinación general de la investigación científica y técnica".
Fuentes del Ministerio de Ciencia han resaltado que, precisamente, esta norma quiere profundizar en la coordinación de las comunidades desde el "respeto a las competencias", comunidades a las que se reconoce "el avance y la madurez" en el ámbito de la I+D.
Una de las funciones de este Consejo de política científica y tecnológica es la de promover acciones conjuntas con las comunidades, o entre éstas y la Administración General del Estado, para el desarrollo y ejecución de programas y proyectos de investigación.
Además, impulsar actuaciones de interés común en materia de transferencia del conocimiento y la tecnología e innovación.
El consejo establecerá los mecanismos para evaluar el desarrollo de la Estrategia española de ciencia y tecnología, cuya creación también está propuesta en el anteproyecto de ley de ciencia.
Esta estrategia es el instrumento para alcanzar los objetivos generales establecidos en la ley y en ella se definirán, para un período plurianual, los principios básicos y objetivos y las líneas generales de actuación que se desarrollarán en los planes de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas.
Esta ley sustituye a la de 1986, entre otras cosas -tal y como se indica en la exposición de motivos- por el desarrollo de las competencias en materia de investigación científica y técnica e innovación de las CCAA a través de sus Estatutos y de sus marcos normativos.
"Este desarrollo ha dado lugar a verdaderos sistemas autonómicos de I+D con entidad propia, que coexisten con el sistema promovido desde la Administración General del Estado", según el anteproyecto.
Las comunidades ya disponen del borrador de la ley -el Ministerio lo envió el pasado 22 de febrero-, un texto que el Gobierno quiere sacar adelante con el mayor consenso posible.
La nueva ley permitirá a los investigadores que trabajen en España contar con una carrera científica "estable, predecible, basada en méritos y socialmente reconocida", según el Gobierno.
En este sentido, el departamento que dirige Garmendia ha propuesto convertir las becas de investigación predoctoral, dependientes del Ministerio, en contratos.
Particularmente, para los Organismos Públicos de Investigación (Opis) se define una carrera estructurada en torno a un nuevo diseño de escalas científicas, con un régimen de selección, retributivo y de promoción homogéneo, y que fomente la movilidad, que podría ser extensivo a las universidades, dependientes de las comunidades.
Para la financiación, el borrador incluye la puesta en marcha de una agencia estatal.
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