Río de Janeiro.- El juez español Baltasar Garzón, que se ha destacado por sus procesos contra regímenes dictatoriales en América Latina, dijo hoy que Brasil puede usar las leyes internacionales contra los torturadores que actuaron durante la dictadura (1964-1985) y están protegidos por la Ley de Amnistía.
"La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se ha pronunciado sobre varias normas de amnistía a lo largo de los últimos años en otros casos", afirmó Garzón en una conferencia que pronunció este miércoles en Río de Janeiro ante los dirigentes del Colegio de Abogados de Brasil (OAB, por sus siglas en portugués).
"Tenemos un causal de referencia que nos puede servir como guía para interpretar la Ley de Amnistía de otra forma", agregó el juez español, suspendido cautelarmente de sus funciones en la Audiencia Nacional de ese país por haber abierto una investigación por los crímenes y desapariciones del franquismo.
La OAB, una de las organizaciones que más destacó en la lucha contra la dictadura en Brasil, lanzó recientemente una campaña para exigir la aclaración de varios crímenes ocurridos durante el régimen militar y la punición de agentes acusados de torturar, desaparecer y matar a los opositores.
Dicha campaña sufrió un revés en abril pasado cuando el Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte de Brasil, rechazó una demanda para que fuese revisada la Ley de Amnistía de 1979 y permitir que sean juzgados los torturadores de la dictadura.
La demanda había sido presentada por el Colegio de Abogados y pedía establecer si la amnistía amparaba incluso a culpables de delitos de lesa humanidad, como torturas y desapariciones forzosas.
Para Garzón, sin embargo, los precedentes de los tribunales internacionales permiten revisar la Ley de Amnistía.
"Desde el punto de vista del derechos de las víctimas, que se ha convertido motor actual del derecho internacional humanitario, no es admisible que haya normas que amparen la impunidad", afirmó el magistrado, que destacó por haber ordenado el arresto del dictador chileno Augusto Pinochet y por sus procesos contra los responsables de la dictadura argentina.
Garzón agregó que tanto Naciones Unidas como organismos como el Consejo de Europa han sido muy claros al defender la revisión de leyes que favorecen la impunidad de crímenes de lesa humanidad.
"No es admisible calificar como crimen político el delito cometido por el Estado. El concepto de crimen contra la humanidad, además, no puede ser ajeno a lo que puede ocurrir fuera del marco legal local. Eso es lo que es aceptado hoy por todos los tribunales internacionales", afirmó.
Garzón citó el caso de Argentina en donde, tras la abolición de normas similares a la brasileña, se han abierto cerca de 600 procesos y algunas personas ya han sido condenadas.
El ministro de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia brasileña, Paulo Vannuchi, afirmó que espera que esos argumentos sean la base de la sentencia que debe emitir en breve la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre un caso brasileño.
Se trata de un caso que la Corte de la Organización de Estados Americanos (OEA) abrió contra Brasil por la supuesta desaparición forzada de 70 personas ocurrida entre 1972 y 1975 en el marco de una operación que buscaba erradicar una guerrilla que actuaba en la región amazónica de Araguaia.
Los familiares de las víctimas presentaron una demanda en 1982 ante la justicia brasileña y, como nunca fue atendida, en 1995 la trasladaron a la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH).
La CIDH redactó en 2008 un informe de recomendaciones en el que insta al gobierno brasileño a reconocer a las víctimas, a abrir los archivos de la dictadura y a pagar una compensación económica a los familiares, que tampoco fueron atendidas.
"Consideramos que el planteamiento de Garzón puede abrir un camino para superar las restricciones de la Ley de Amnistía. Esperamos un precedente en el caso de la Guerrilla de la Araguaia para que podamos abrir otros procesos", dijo a Efe el presidente de la OAB, Ophir Cavalcante.
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