El foto-reportero Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera, otra de las víctimas, habían vivido recientemente en Veracruz. Espinosa huyó de allí hace dos meses denunciando amenazas, al igual que han hecho otros periodistas de este estado en los últimos años.
Las autoridades capitalinas, que han detenido a uno de los sospechosos del multihomicidio, no han aclarado si el crimen está vinculado con la labor periodística de Espinosa. Pero, en un hecho poco frecuente, han pedido la declaración del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI).
He "comentado con él (Duarte) que requerimos tener una declaración directa del gobernador" sobre el caso, dijo este lunes el alcalde de Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, durante la presentación de una ley local para la protección de periodistas.
Mancera, un independiente que fue candidato por el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), señaló que una comisión de la Fiscalía capitalina se trasladará el martes a Veracruz para tomar declaración a Duarte.
El gobernador ha aceptado rendir testimonio sobre el crimen, en el que también fue asesinada una joven colombiana, aunque ha negado cualquier responsabilidad en los hechos.
"Lo que quiero es dejar claro que no tengo ninguna participación en este caso y quiero aclarar y llevar todos los documentos" para apoyar a la fiscalía capitalina en su esclarecimiento, dijo Duarte a la emisora Radio Fórmula.
El mandato de Duarte (2010-2016) ha estado marcado por la violencia contra la prensa en Veracruz, una región petrolera a orillas del Golfo de México. Desde que asumió la gobernación, 11 periodistas han sido asesinados y cuatro más han desaparecido, aunque no se ha demostrado ningún vínculo del político con estos crímenes.
A 10 días del homicidio de Espinosa, Duarte ofreció el lunes un mensaje a medios en el que recalcó que la "única denuncia" del foto-periodista fue por un ataque policial contra él y otros colegas en septiembre de 2013 durante la cobertura de un desalojo en Xalapa, capital estatal.
El gobernador, que recalcó que Espinosa todavía vivió dos años más en Veracruz tras ese episodio, calificó de aberrante el multihomicidio pero recalcó que sucedió en la capital y no en Veracruz.
Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras han señalado a Duarte por generar un ambiente fuertemente hostil contra los periodistas en su estado, llegando a vincular a algunos de ellos con el crimen organizado y a hacerles advertencias.
"Pórtense bien", les espetó Duarte en un acto público en junio pasado.
En medio del temor que ha desatado el crimen entre los reporteros que se han refugiado en la capital huyendo de la violencia, el alcalde Mancera anunció la entrada en vigor de una ley para protección de periodistas.
"Más allá de lo que pudiera interpretarse como oportunismo político, es una ley que no podía esperar ya", argumentó el edil.
Mancera se comprometió a que en el caso de Espinosa "se agoten todas y cada una de las líneas de investigación", incluida la del trabajo periodístico del foto-reportero.
La fiscalía capitalina había deslizado hace unos días que el móvil del crimen pudo ser un robo.
La nueva ley de protección a periodistas en la capital incluirá un fondo para dar alimentación, hospedaje y otros servicios a comunicadores y defensores de derechos humanos en riesgo. En caso de urgencia se aplicará en menos de 24 horas.
Pese a que México cuenta con una ley federal de protección a periodistas y con una fiscalía especial para perseguir delitos contra comunicadores, el país sigue siendo uno de los más peligrosos del mundo para ejercer esta profesión.
"Lo que hace falta son investigaciones (judiciales sobre los crímenes) y castigo a los culpables", demandó durante la ceremonia Darío Ramírez, director de la ONG internacional Artículo 19 en México, quien aclaró que Espinosa no se acogió al mecanismo de protección por desconfianza.
Este defensor de los derechos de los periodistas recordó que de los 88 asesinatos de comunicadores perpetrados en México desde 2000, el 90% permanece impune y en un 3% restante las "conclusiones han sido dudosas".
"No pueden o no quieren resolver los casos con la prensa, merecemos una respuesta", reclamó Ramírez.
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