Gobierno prevé que la Autoridad Fiscal Independiente esté en marcha en otoño

Santander, 8 jul.- La secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Marta Fernández Currás, ha señalado hoy que, según la previsión del Gobierno, este otoño estará en marcha la nueva Autoridad Fiscal Independiente, una figura requerida por Bruselas y cuyo objetivo es el seguimiento de la política fiscal.

Fernández Currás ha participado en un seminario de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander sobre la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que ha definido como "un nuevo reto" de la gobernanza económica y de la consolidación fiscal.

Según ha indicado, la Autoridad de Responsabilidad Fiscal será una institución independiente garantizada por ley que velará por el cumplimiento de las reglas y la definición de "rigurosas" políticas fiscales, lo que "reforzará la credibilidad" de las medidas adoptadas y asegurará la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El nuevo organismo analizará, asesorará y hará un seguimiento de la política fiscal para garantizar el cumplimiento, por parte de las administraciones de la estabilidad presupuestaria, así como de la evaluación de las previsiones económicas conforme a un principio de máxima transparencia al tratarse de informes que serán públicos.

Esta entidad, que estará adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, tendrá "plena autonomía funcional", un presidente de reconocido prestigio y un personal seleccionado en un proceso público, basado en los principios de mérito y capacidad.

La adscripción de este organismo al Ministerio de Hacienda no menoscabará su independencia, pues ni su presidente ni su personal solicitarán ni aceptarán instrucciones, ha aclarado la secretaria de Estado.

Además, su principal fuente de financiación serán las tasas y los precios públicos que se cobrarán a la Administración del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos por los informes sobre sus cuentas públicas, para no depender de transferencias estatales.

Los informes de la Autoridad Independiente no serán vinculantes pero "tendrán gran capacidad de influencia", ya que si los gobiernos se separan de sus recomendaciones será necesario motivar las razones de no seguir ese criterio.

La responsable de Presupuestos y Gastos ha dicho que la legislatura se inició con "un reto ambicioso", la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, que ha sido "un rotundo éxito" en su aplicación en 2012.

Según ha apuntado, esta ley ha permitido la contención del déficit estructural en dos puntos para el conjunto de todas las administraciones públicas, pese a una recesión que ha contraído el PIB un 1,4 %.

Fernández Currás ha explicado que en 2012 el Gobierno adoptó medidas de ajuste por valor de 40.000 millones, tanto en el capítulo de gasto (30.000 millones) como de ingresos (10.000 millones).

La secretaria de Estado ha precisado que los 10.000 millones de consolidación fiscal se han tenido que "compensar" con la "erosión" de las bases imponibles y la minorización de las cotizaciones sociales por un total de 8.000 millones, por la evolución de la economía.

Por otro lado, de los 30.000 millones de euros del ajuste en gasto, 10.000 han sido absorbidos por las prestaciones sociales y por los intereses de la deuda pública.

Con estos datos, el ahorro en 2012 se cuantifica en 22.000 millones en el conjunto de las administraciones públicas, aunque el Gobierno "es consciente de que hay un camino por recorrer con la disciplina, la transparencia y la sostenibilidad de las cuentas públicas para el presente y para el futuro".