González pide distinguir servicios públicos y sociales para un Estado viable

Guadarrama (Madrid), 6 jul.- El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha apostado hoy por distinguir entre servicios públicos y servicios sociales, y ver cuáles son los que las administraciones deben prestar para hacer "viable" el Estado, que en su opinión hoy no lo es.

Durante una conferencia en el campus FAES, González ha asegurado que la administración pública no se puede financiar con sus "parámetros actuales" pues los recursos son finitos, y ha abogado por "clarificar" el marco competencial y establecer su financiación, y cambiar de mentalidad para distinguir "lo esencial" de "lo superfluo".

González, que ha intervenido en una mesa redonda sobre la financiación autonómica abierta por el expresidente del Gobierno José María Aznar, ha indicado que la evolución del Estado del bienestar en los últimos cincuenta años ha conducido a una gestión deficitaria de los servicios públicos, que se generalizaron "casi como un derecho personal" e incluso se ofrecieron gratuitamente.

En ese proceso, servicios públicos "tradicionales", como por ejemplo el transporte, se convirtieron en servicios "sociales", por lo que ahora es "absolutamente imprescindible" una "diferenciación" de los mismos, así como ajustar el precio de los servicios a su coste real.

A partir de ahí, ha proseguido, habrá que fijar las posibles ayudas para aquellos que acrediten su incapacidad para hacer frente al pago de los mismos.

El presidente de la Comunidad de Madrid ha destacado que los españoles han olvidado que los recursos son "finitos" y que en la etapa del Gobierno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero asumió de "forma irresponsable" que "toda necesidad es un derecho".

A juicio del presidente de la Comunidad de Madrid, en España ha primado "el sentimiento sobre la racionalidad" en la extensión de los servicios públicos y el olvido de que "las deudas se pagan" y los servicios deben adaptarse a la capacidad económica "actual y futura".

Esta mentalidad, según González, se ha potenciado por parte de las reivindicaciones de nacionalistas y partidos de izquierda y consolidado en administradores y administrados, lo que hace "muy complicado" prescindir de los servicios.

La consecuencia, ha agregado, es que España tiene un Estado inviable y una administración imposible de financiar con sus parámetros actuales, así como responsables políticos que implantaron nuevos servicios cuya deuda no quieren pagar alegando que esa competencia no es suya y debe pagarla otro.

"Hasta que no nos demos cuenta de todo esto, y lo modifiquemos en su raíz, seguiremos teniendo exactamente el mismo problema", ha apostillado.

En este punto, Ignacio González ha abogado por un "gran cambio" en las estructuras del Estado para racionalizar y poder financiar el sistema, acompañado de un "gran cambio de mentalidad" de la población que permita distinguir lo esencial de lo superfluo.

El presidente de la Comunidad de Madrid ha abogado por una reflexión profunda no solo del concepto de servicio público, sino del reparto competencial, la estructura autonómica del Estado, la financiación de las competencias y de las administraciones y la estructura y organismos que las lleven a cabo.

Ha reconocido como "evidente" que muchas administraciones han multiplicado su estructura hasta límites "disparatados", una realidad que, ha añadido, no se puede achacar a gastos "a veces casi anecdóticos" que en ocasiones salen en la prensa.

"Echar la culpa del déficit español a las embajadas, los consejos consultivos, los defensores del pueblo o los parlamentos autonómicos es de una superficialidad impropia de un análisis serio como exige la situación", ha remarcado.

González, que ha recordado Madrid ha ahorrado en los últimos años 5.711 millones de euros en recorte de gastos superfluos -el 33,5 % de su presupuesto para 2013-, ha reiterado sus críticas al actual sistema de financiación, que según ha indicado supuso que el alza de la partida de 2011 para Madrid fuese siete puntos menor a la media nacional, según datos de cierre facilitados ayer por el Gobierno a las autonomías.