Barcelona, 17 jun.- El Govern ha aprobado hoy un decreto ley que dota de forma transitoria a los ayuntamientos catalanes de instrumentos jurídicos para hacer frente a los efectos de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (Lrasal), que el ejecutivo catalán considera un "despropósito".
El nuevo decreto ley ha sido aprobado en un Consell Executiu más corto de lo habitual -dos horas de duración- y presidido por la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, ante la ausencia del presidente de la Generalitat, Artur Mas, y de los consellers Felip Puig y Andreu Mas-Colell, de viaje oficial en EEUU.
El conseller de Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs, ha justificado en rueda de prensa que se haya aprobado esta medida por la vía urgente del decreto ley, porque la Lrsal supone, a su juicio, un "desmantelamiento efectivo de políticas claves -de los ayuntamientos- para el bienestar" de los ciudadanos.
Con la LRSAL ya en vigor, el Consell Executiu ha decido aprobar este decreto ley que para que la administración local "tenga la cobertura legal necesaria para continuar prestando los servicios que presta" hasta que esté aprobada la ley catalana de gobiernos locales, en trámite en el Parlament.
Homs no ha querido valorar la tardanza en la aprobación de la reforma local catalana, que acumula varios meses de trámite en la Cámara catalana, al considerar que, como portavoz del Govern, "no me corresponde entre comillas regañar al Parlament" pero, en todo caso, ha dejado claro que "el que origina el problema es el Gobierno español".
Así, Homs ha denunciado que el Estado genera la "combinación perversa" de no autorizar, a través de la Lrsal, que los ayuntamientos justifiquen gastos para determinadas competencias al tiempo que no permite a la Generalitat aumentar el gasto como consecuencia de las políticas de limitación de déficit.
El portavoz ha recalcado que la Lrsal, que el Govern recurrió ante el Tribunal Constitucional, es "nefasta" porque "bloquea servicios públicos esenciales" que ofrecen los consistorios en el ámbito de servicios sociales, enseñanza, políticas de inmigración, de empleo o de defensa de los consumidores.
El decreto ley, elaborado con el consenso de las entidades municipalistas catalanas, permite unificar criterios, evita interpretaciones contradictorias a partir de lecturas de la Lrsal y ofrece garantías del mantenimiento de la autonomía local.
Asimismo, el texto define las competencias propias de los entes locales y las que les han sido delegadas, al tiempo que establece en qué supuestos pueden asumir competencias distintas de las propias, evitando duplicidades.
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