Granados asegura que sólo se atenderá gratis a las personas sin recursos

Madrid.- El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, ha incidido hoy en que la Comunidad modificará la normativa actual para que se beneficien de la justicia gratuita únicamente las personas que acrediten que no tienen ingresos, y ha negado que esto suponga "restringir ningún derecho".

Granados se ha referido así, a preguntas de los periodistas tras acudir a una entrega de juguetes a niños sin recursos, al anuncio hecho por la presidenta Esperanza Aguirre al asegurar que la Comunidad aprobará un Decreto que restringirá el acceso a este servicio exclusivamente para las personas que demuestren su escasez de recursos.

El consejero ha querido "dejar bien claro" que la Comunidad de Madrid "no va a restringir ningún derecho, sino más bien todo lo contrario: va a cumplir estrictamente con la ley y a proporcionar asistencia jurídica gratuita a quien realmente lo necesita".

El Ejecutivo regional "dará cada vez un mejor servicio" y "acabará con algo con algo que ya ha puesto de manifiesto una sentencia de Tribunal Superior de Justicia al hablar de fraude monumental en lo que a asistencia jurídica gratuita se refiere", ha asegurado el consejero.

Granados ha dicho que "algunos abogados del turno de oficio y la posición" intentan "confundir de manera interesada" la asistencia jurídica gratuita con el turno de oficio, lo que es "una falsedad tremenda".

"Una cosa es que todos tengamos derecho a que se nos proporcione un abogado de oficio y otra es que sea gratis, pagado por todos los madrileños", ha precisado.

El consejero ha dicho a las asociaciones que anuncian una privatización de este servicio que "es un servicio que ya está privatizado", ya que "estos señores son abogados, no funcionarios, y por lo tanto es un servicio que se presta desde un despacho de abogados y que nosotros tenemos la obligación de racionalizar, y destinar el dinero público a los que lo necesitan".

"Los que son solventes, o ricos, o tienen una renta razonable, pues se tienen que pagar el abogado como todo el mundo", ha concluido.

Granados ha incidido en que en este asunto espera contar con la ayuda del Colegio de Abogados de Madrid, que según ha explicado "recibe de la Comunidad de Madrid más de 4 millones de euros todos los años, de dinero público, para que racionalice y ordene el servicio".

En cuando a la cantidad que el Ejecutivo regional debe a los abogados del turno de oficio, Granados ha precisado que se adeuda únicamente un trimestre, el último de 2009, que aún está sin justificar, ya que recientemente el Consejo de Gobierno aprobó el pago de los dos trimestres anteriores.

Por su parte, la Asociación Libre de Abogados (ALA) ha reiterado hoy su "más absoluto rechazo" a "la intención de reducir la justicia gratuita para extranjeros y juicios rápidos" y ha criticado "las intenciones privatizadoras de la Comunidad de Madrid, alegando un supuesto fraude" en la prestación del servicio.

"El supuesto fraude y desnaturalización que denuncia Aguirre es una cortina de humo que lo único que pretende es tergiversar ante la opinión pública un servicio público que es prestado por los abogados de oficio en unas condiciones difíciles y mal remuneradas", ha añadido.

La Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO) ha enviado una carta abierta a la presidenta de la Comunidad, redactada en tono irónico, en la que le da seis consejos para construir "los cimientos para que el beneficio de la justicia gratuita sea obtenido únicamente por aquellos que carecen de recursos para litigar", y así se rebaje su factura.

Entre estos consejos, pide que se instaure "un servicio competente de funcionarios especializados en la tramitación de las solicitudes de justicia Gratuita, con todos los medios técnicos adecuados, en perfecta coordinación con el Colegio de Abogados, para verificar los datos que fía el suplicante".

También solicita que se libere a los abogados de labores propias de auxiliares administrativos, como rellenar las solicitudes de justicia gratuita, y que en el aeropuerto de Barajas haya un funcionario de guardia de la Consejería que verifique si los extranjeros que solicitan este servicio cumplen los requisitos.