La presunta estafa piramidal de Groupalia y Let's Bonus ha llegado a la Audiencia Nacional. Un gran número de afectados por estas compañías dedicadas a la venta de bonos de actividades de ocio ha presentado una querella ante este órgano judicial para denunciar un macrofraude detrás del cual estaría Antonio Alcántara en calidad de principal administrador y máximo responsable de estas empresas.
El bufete Fonfría+Abogados dirige sus acciones contra Alcántara, propietario de la empresa Interven Trade S.L, así como contra todos los socios y administradores de esta matriz. Los damnificados buscan que se admita a trámite y se incoen diligencias por un total de seis delitos: estafa, apropiación indebida, frustración en la ejecución, insolvencia punible, delito contra los derechos de los trabajadores y los relativos a los delitos societarios.
La querella relata que los hechos se remontan al año 2007 cuando Antonio Alcántara fundó Ofertix S.L, una sociedad dedicada especialmente a la venta de stocks a través de Internet. La compañía llegó a posicionarse como uno de los líderes de compra y venta de mercadería y servicios, obteniendo unos beneficios diarios que superaban los 60.000 euros. Tanto es así, que Groupalia recibió el respaldo de algunos de los mayores fondos de capital riesgo especializados en startups en España por valor de 36 millones de euros.
En el año 2016, Alcántara adquirió Groupalia, Let's Bonus y Offerum, portales dedicados a la 'venta online' de actividades de ocio, viajes y una amplia gama de productos. Todos estos servicios se vendieron a través de cupones que recogen atractivos descuentos. Con la adquisición de Nice&Crazy (plataforma dedicada a la venta de ropa por Internet), Alcántara cambió el nombre de la matriz Ofertix por Interven Trade S.L
De acuerdo con el relato, el negocio empezó a torcerse a partir de entonces hasta llegar a acumular pérdidas multimillonarias. Los administradores de la compañía crearon una "situación de falsa apariencia de liquidez" con el fin de ganar la confianza de clientes y proveedores. Precisamente, estos dos colectivos son los principales perjudicados de esta historia: los clientes porque pagan por unos servicios que no pueden disfrutar al no existir registro alguno de donde han contratado los servicios, y los proveedores porque la empresa no les abona las cuantías acordadas.
Restaurantes, alojamientos y centros de esquí, entre las víctimas
Estos últimos acumulan meses de retrasos en el cobro de las facturas de los clientes de toda España; de hecho, algunos como restaurantes o estaciones de esquí se han visto obligados a cerrar el negocio al no cobrar desde la compañía de Alcántara por los servicios prestados. Es más, estos portales siguen operando y promocionando a los proveedores afectados "a gran escala" pese a que estos no reciben ninguna prestación económica a cambio.
La querella presentada ante la Audiencia Nacional también se hace eco de otra batalla judicial relacionada con la compañía de Alcántara: la que han librado en los juzgados de Barcelona once empleados que, tras ser despedidos de la compañía, consiguieron que se ordenara su readmisión en la misma por tratarse de una destitución no ajustado a derecho.
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