Guerrero demuestra su 'chulería' ante la juez Bolaños y dice que hablaron de cositas

El ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, ha asegurado este miércoles en su declaración ante la juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los ERE fraudulentos, que el entonces interventor general de la Junta Manuel Gómez y la viceconsejera de Economía y Hacienda y exconsejera, Carmen Martínez Aguayo, avalaron en una reunión mantenida en el año 2005 la legalidad del sistema de las transferencias de financiación por el que se concedían las ayudas investigadas.Medio centenar de abogados en su declaración

Fuentes del caso han informado de que, durante una declaración que se ha prolongado por espacio de casi dos horas y a la que han asistido medio centenar de abogados, Guerrero ha relatado que en el año 2005 hubo una reunión en la sede de la Consejería de Hacienda a la que asistieron tanto él como el interventor, Martínez Aguayo, el viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, y el director general de Presupuestos, Antonio Lozano, todos ellos imputados en la causa.

Las mismas fuentes han precisado que Guerrero, que ha comparecido ante la magistrada tras solicitar declarar de manera voluntaria, ha añadido que en esta reunión se trató "el contenido material" del informe elaborado en 2005 por la Intervención en relación al ejercicio 2003 de la agencia IDEA, y "se llegó a la conclusión" por parte de Martínez Aguayo de que "no había ninguna razón de legalidad" para cambiar el sistema de las ayudas, por lo que se contestó a ese informe adicional defendiendo el sistema vigente.

Ha dicho que en esa reunión solo hablaron Martínez Aguayo y Barberá y, en declaraciones a los periodistas tras finalizar su declaración, el ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía ha subrayado que la entonces viceconsejera de Economía y Hacienda dijo que "se siguiera trabajando con el mismo sistema, y nadie puso pegas". Sobre la comparecencia en sí, ha afirmado: "hemos hablado cositas, con tranquilidad, y bueno, vamos poniendo las cosas en su sitio".

Las fuentes han precisado que, en su declaración, Guerrero ha dicho que al conceder las ayudas se limitó a aplicar la normativa vigente, como era la orden ministerial de 5 de abril de 1995, punto en el que la juez Núñez le ha preguntado cómo explica que en algunos expedientes pudiera haber 'intrusos', a lo que el imputado ha contestado que "no había" y que, "por error, aparecían personas en otras empresas", añadiendo que él solo controlaba si las pólizas se pagaban aunque "no le gustaban algunos derroteros que se le dieron a las ayudas".Se ha hecho desaparecer documentos

Al hilo de ello, Francisco Javier Guerrero ha agregado que "en su conciencia era todo legal" y que en su Dirección General "estaban todos los expedientes completos" de las subvenciones, subrayando que si ahora no lo están es porque "se han hecho desaparecer" documentos con posterioridad.

El imputado, que ha comparecido por sexta vez en el Juzgado y a quien la juez María Núñez ha imputado sendos delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales público, también ha puesto de manifiesto que se concedieron ayudas relacionadas con compromisos de otras consejerías, entre las que ha citado unas al 112 de alrededor de 900.000 euros.
No iba a las ruedas de prensa porque era tímido

Las fuentes han indicado, como dato curioso, que Guerrero ha asegurado que no participaba en las ruedas de prensas cuando se concedían las ayudas a empresas porque "es muy tímido".

El abogado de Guerrero, Fernando de Pablo, ha defendido que Guerrero"se ha ido acogiendo a su derecho constitucional a no declarar" por "consejo" suyo, ya que en el caso ERE "se ha venido padeciendo de una especie de secreto sumarial encubierto, al no contar la defensa con toda la documentación que venían manejando los investigadores".

El Supremo, incompetente para investigar los ERE

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha declarado este jueves su incompetencia para seguir investigando la causa por los ERE fraudulentos enAndalucíatras la renuncia a su escaño del exconsejero e imputado José Antonio Viera, lo que hace que en esta investigación ya no quede ningún aforado.
La competencia del Supremo estaba relacionada con la implicación en la trama de los expresidentes autonómicosManuel ChavesyJosé Antonio Griñány de otros dos exconsejeros de la Junta en una presunta prevaricación administrativa.
En consecuencia, el alto tribunal remite las actuaciones alJuzgado de Instrucciónnúmero 6 deSevillapara la unión de lo hasta ahora actuado a las diligencias que allí siguen para la investigación de los hechos.
El Supremo acordó en auto de 13 de noviembre de 2014 declarar su competencia para la instrucción del caso respecto de los entonces aforados Manuel Chaves, José Antonio Griñán, José Antonio Viera,Gaspar Zarríasy Mar Moreno, respecto de la cual se dictó posteriormente auto de sobreseimiento.
Chaves, Griñán y Zarrias renunciaron a sus escaños en las Cortes antes que Viera. El caso fue remitido al Supremo por la juez Mercedes Alaya en agosto de 2014.El PSOE pide que se acabe con el caso ya

El secretario de Política Federal del PSOE, Antonio Pradas, aseguró este miércoles el respeto del partido a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de apartar a la jueza Mercedes Alaya de la instrucción del 'caso ERE' y pidió que la “máxima celeridad” para que concluya este caso que ha sido “instrumentalizado” políticamente por el Partido Popular.
En los pasillos del Congreso, el también número uno de la candidatura del PSOE por Sevilla en las próximas elecciones generales, afirmó que los socialistas respetan “profundamente” a la Justicia, algo que señaló que “no ocurre con el PP, que parece que prefiere unos jueces a otros”.El PSOE valora ahora la independencia de los jueces

A este respecto, indicó que la decisión del TSJA “no la decide ningún partido político” sino unos jueces “independientes” y “por unanimidad” de la propia sala de gobierno del tribunal andaluz, por lo que “deja muy pocas dudas respecto al criterio que han podido utilizar”.

El dirigente socialista indicó que el PP “se rasga las vestiduras con este tema” y no cuando el delegado de Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, “continúa como coordinador de las fuerzas de seguridad que tienen que actuar en ese caso” al tiempo que es acusación en el caso de los ERE y critica la actuación de la Guardia Civil en el mismo.El juez da igual, dice el PSOE, ahora que no está Alaya

“El PP tiene un doble vara de medir siempre en cuestiones judiciales mostrando preferencia por unos jueces en relación a otros”, agregó Pradas.

Por último, Pradas señaló que a los socialistas les “da igual el juez que juzgue un caso” pero sí que “se sustancie lo más rápido posible para que esa imagen que se intenta siempre echar sobre Andalucía acabe” y deje el PP de usar “siempre Andalucía para sus intereses”. Espera Pradas que con esta decisión del TSJA se llegue “lo más rápido” al fin del asunto y los culpables lo paguen.