Alicante, 21 sep.- El hermano de la alcaldesa de Alicante, José Luis Castedo, y su socio en el despacho Salvetti, el exconcejal socialista Javier Gutiérrez, aclararán por escrito al juez que carecen de capacidad técnica para resolver las alegaciones presentadas al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad.
El último informe elaborado por la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional dentro de esta pieza separada del caso Brugal relativo al PGOU alicantino apunta que Castedo y Gutiérrez pudieron haber presentado y contestado alegaciones al PGOU.
Fuentes jurídicas de Salvetti han avanzado hoy a EFE que el informe que dirigirán en las próximas semanas al titular del juzgado número 5 de Alicante, Manrique Tejada, explicará cómo funciona el proceso de resolución de alegaciones.
De este modo, el escrito tratará de reflejar que "técnicamente era imposible" que Castedo y Gutiérrez "tuvieran capacidad para autorresolverse" las alegaciones.
Las mismas fuentes han precisado que desde Salvetti se daba forma jurídica a la documentación a presentar dentro de la fase de exposición pública del planeamiento urbanístico, mientras que las alegaciones eran contestadas por el equipo redactor del PGOU y los técnicos de Urbanismo del ayuntamiento.
Además, el escrito aclaratorio también tendrá como propósito desmentir que el 90 por ciento de la facturación del despacho de abogados estuviera directamente relacionada con las citadas alegaciones al PGOU.
La representación legal de Salvetti tiene previsto presentar la documentación aclaratoria en el juzgado en las próximas semanas, una vez que se pidan y reciban distintos informes justificativos.
Esta rama es una de la veintena que forman parte del caso Brugal, operación que, según la policía, gira en torno al papel que pudo tener el constructor Enrique Ortiz en el diseño del PGOU y en la que figuran como implicados la alcaldesa, Sonia Castedo, y su predecesor, Luis Díaz Alperi, ambos del PP y hoy diputados autonómicos.
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