HRW exige a Ruanda dejar de intimidar a los defensores de derechos humanos

Nueva York, 23 ago.- Human Rights Watch (HRW) pidió hoy a las autoridades de Ruanda que dejen de intimidar a los defensores de derechos humanos y les permitan trabajar en libertad, después de que la semana pasada dos activistas fueran detenidos ilegalmente, acosados, interrogados y se les prohibiera abandonar el país.

HRW denunció el caso de Joseph Sanane y Epimack Kwokwo, presidente y secretario ejecutivo en funciones de la Liga de los Derechos Humanos en la Región de los Grandes Lagos (LDGL, por su sigla en francés), arrestados el pasado 19 de agosto cuando iban a cruzar al vecino Burundi para participar en una reunión de su organización.

Ambos activistas fueron interrogados en la capital ruandesa, Kigali, y mientras Kwokwo fue puesto en libertad ese mismo día, Sanane pasó la noche en dependencias policiales y puesto en libertad al día siguiente.

"Estas medidas están claramente diseñadas para obstruir las actividades de la ONG, intimidar a sus líderes y debilitar a la organización", denunció el director para África de HRW, Daniel Bekele, en un comunicado de prensa.

Bekele añadió que ese "comportamiento" contra defensores de los derechos humanos y contra un colectivo que desarrolla una actividad legal, "echa por tierra" las afirmaciones de las autoridades ruandesas de que respetan los derechos humanos.

"Las autoridades de Ruanda tienen que dejar de acosar a los activistas de derechos humanos y permitirles continuar con sus actividades sin obstrucción, incluido viajar fuera del país por razones legítimas", insistió el responsable de HRW.

LDGL, con sede en Kigali, es una coalición de asociaciones de derechos humanos de Burundi, el Congo y Ruanda, y uno de los pocos colectivos independientes que siguen trabajando en Ruanda, donde estas actividades "invariablemente resultan en reacciones hostiles por parte del Gobierno", según HRW.

La organización defensora de los derechos humanos recordó que hace un año el secretario ejecutivo del colectivo, Pascal Nyilibakwe, se vio obligado a abandonar el país por las "repetidas" amenazas a su seguridad.

Kwokwo y Sanane fueron trasladados para ser interrogados a la capital, Kigali, donde los agentes les acusaron verbalmente de haberse inmiscuido en actividades políticas, de haber facilitado la salida del país de Nyilibakwe y de haberse apropiado fondos de la LDGL.

Ambos tuvieron que regresar dos días después para continuar sus interrogatorios sobre las finanzas del LDGL, y aunque las autoridades no encontraron pruebas en su contra y no fueron acusados formalmente de crimen alguno, se negaron a devolver una cantidad de dinero incautada a Kwokwo hasta que este o Sanane aportaran datos sobre la situación económica del colectivo pro derechos humanos.

El responsable de HRW subrayó que hasta que haya pruebas "creíbles" de que han participado en actividades criminales, la Policía debe poner fin a estas detenciones "arbitrarias" y a los interrogatorios.

HRW apuntó que hace un año, el Gobierno de Ruanda puso en el punto de mira a la LDGL después de que el grupo divulgara un informe sobre las elecciones presidenciales, y también criticó que preparara un documento sobre la situación en el país que se remitió al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Otros enemigos de las autoridades ruandesas son los periodistas independientes, como Jean-Léonard Rugambage, asesinado en 2010 después de que su periódico "Umuvugizi" fuera retirado temporalmente de la circulación por la censura.