Washington, 9 abr.- La organización Human Rights Watch (HRW) urgió hoy al Congreso de Perú a rechazar el proyecto de ley del negacionismo, que plantea castigar a quienes nieguen los delitos de terrorismo ocurridos en el país, por considerarla "censura".
En un comunicado, HRW reiteró que todas las leyes que tipifican el "negacionismo", "independientemente de las religiones o minorías que procuran proteger", implican "una restricción desproporcionada del derecho a la libertad de expresión".
"La mejor manera de contrarrestar expresiones objetables es refutándolas con argumentos, y no a través de la censura", dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
"En la práctica, esta ley podría tener en Perú un efecto totalmente opuesto al buscado", advirtió. "Las prohibiciones draconianas pueden convertir a los fanáticos en mártires, generando incluso un interés mayor para atraer adeptos a estos grupos".
El proyecto de ley, presentado por el presidente Ollanta Humala en agosto de 2012, fue aprobado con modificaciones por dos comisiones parlamentarias, y de acuerdo con la organización, podría ser aprobada esta semana por el pleno del Congreso peruano.
"El lenguaje poco preciso de este proyecto de ley atenta contra la libertad de expresión y podría inhibir expresiones legítimas, tales como criticar una sentencia judicial relativa a actos terroristas o publicar una entrevista a personas condenadas por terrorismo", indicó Vivanco.
El organismo citó varios documentos jurídicos internacionales que establecen que la libertad de expresión "solamente puede limitarse en circunstancias muy específicas": el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Marco Jurídico Interamericano sobre el Derecho a la Libertad de Expresión.
El Gobierno peruano ha negado reiteradamente que el proyecto de ley impulsado por Humala atente contra la libertad de expresión, e insiste en que su objetivo es "penalizar a aquellas personas que públicamente aprueben, justifiquen, nieguen o minimicen los delitos de terrorismo", en palabras de la ministra de Justicia, Eda Rivas.
Perú fue blanco de la violencia terrorista entre 1980 y 2000, a raíz de las acciones de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) que dejaron 69.000 víctimas entre muertos y desaparecidos.
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