Johannesburgo, 14 dic.- Las organizaciones pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) pidieron hoy a los parlamentarios kenianos que rechacen la reforma de ley de Seguridad nacional propuesta por el presidente, Uhuru Kenyatta, y calificada de "draconiana" por la oposición.
"La propuesta, apresuradamente presentada, vulnera muchos derechos básicos y libertades protegidos en la Constitución keniana y en la ley internacional", dijo el subdirector de HRW para África, Leslie Lefkow.
"Las autoridades deben centrarse en las violaciones de los derechos humanos cometidas desde hace tiempo por las agencias de seguridad kenianas, no en darles más poder", agregó Lefkow, en un comunicado firmado conjuntamente con AI.
Para HRW, el proyecto de ley -que podría ser adoptado en los próximos días por el Parlamento- "limita los derechos de los detenidos y los acusados y restringe las libertades de expresión y asociación".
Los cambios en la ley presentados esta semana por el presidente Kenyatta prevén, entre otras medidas, aumentar la detención de supuestos terroristas de 90 a 360 días, crear tribunales militares para agentes de policía y penas de prisión y censura previa para periodistas que informen sobre terrorismo.
La propuesta llega dos semanas después de que el grupo terrorista somalí Al Shabab matara a más de 60 personas en ataques separados en Mandera, en el noreste del país y cerca de la frontera con Somalia.
Además, esta misma semana, el Gobierno keniano anunció que investigará, por supuesta complicidad con los terroristas, a los responsables de un documental de la televisión Al Yazira que denuncia la existencia de escuadrones de la muerte en el país.
En "Inside Kenya's Death Squads" ("Dentro de los escuadrones de la muerte de Kenia"), que fue difundido el pasado lunes, se denuncian las detenciones arbitrarias y asesinatos selectivos de clérigos musulmanes y sospechosos de terrorismo en el país africano.
Líderes de la oposición y organizaciones de la sociedad civil han pedido a Kenyatta que dimita ante su incapacidad para garantizar la seguridad en el país, que es azotado frecuentemente por los ataques de los yihadistas somalís.
La oposición se opone al proyecto de ley, argumentando que infringe la libertad de expresión, los medios de comunicación y el derecho a la privacidad de los kenianos.
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