Húngaro acusado de supuesto complot contra Evo Morales se casó en prisión

La Paz, 7 ene.- El húngaro Elöd Tóásó, acusado de formar parte de un supuesto complot contra el presidente de Bolivia, Evo Morales, se casó en prisión con una boliviana y en su nueva condición insistirá en pedir su libertad, informaron hoy a Efe una fuentes judiciales.

Tóásó, detenido desde abril de 2009, contrajo nupcias con María Elena Fortún en noviembre, en la cárcel de San Pedro de La Paz, pero mantuvo la unión en reserva mientras solicitaba un permiso de salida por las fiestas de fin de año, que no consiguió, dijo una fuente.

Tóásó, que solo habla húngaro y necesita siempre interprete para comunicarse, mantuvo un noviazgo de dos años con Fortún, a quien conoció porque ella visitaba en la prisión a su padre, el político de derecha Guillermo Fortún, fallecido en septiembre del año pasado.

El político Fortún se consideraba víctima de persecución del Gobierno de Morales, que lo acusó de malversar fondos cuando fue ministro en el Gobierno del general Hugo Banzer (1997-2001).

Tóásó compareció hoy junto a otros veinte acusados a una nueva audiencia del caso del supuesto complot contra Morales en un juzgado de la ciudad boliviana de Tarija, en el sur del país.

Las fuentes judiciales consultadas por Efe indicaron que Tóásó, al que se ha negado numerosas veces la libertad, volverá a pedir ese beneficio para continuar defendiéndose en este proceso, pero ahora podrá alegar que tiene familia boliviana.

Tóasó y el croata boliviano Mario Tadic, que también está acusado del presunto complot, fueron capturados en un operativo policial realizado el 16 de abril de 2006 en el que murieron el croata-húngaro-boliviano Eduardo Rózsa, el rumano Magyarosi Arpak y el irlandés Dwayer Michael Martin.

Según el Gobierno, los cinco formaban una célula terrorista que pretendía asesinar en 2009 al presidente Morales y apoyar la secesión territorial del departamento de Santa Cruz, entonces sede de un fuerte movimiento autonomista opositor al gobernante.

Todos los acusados han sostenido que la denuncia fue parte de un plan montado por el Ejecutivo para desacreditar al movimiento autonomista y perseguir a varios de sus líderes que se fugaron del país, alegando que no hay garantías para defenderse en Bolivia.

Los imputados son en total 39, aunque solo veinte comparecen a las audiencias en Tarija, donde son trasladados cada 15 días desde las diferentes prisiones en las que están recluidos en el país.

Tóásó y Tadic han reclamado la libertad alegando que llevan detenidos más de tres años sin sentencia, pese a que el código de procedimiento penal establece que ese es el tiempo máximo para el proceso desde el primer acto en un caso.