Caracas, 9 jun.- El abogado venezolano José Amalio Graterol, quien lleva el caso de la jueza María Lourdes Afiuni, cumplió hoy cinco días de detención por supuesta obstrucción a la Justicia y ahora su defensa debe buscar a dos personas que le sirvan de respaldo financiero para que pueda conseguir su libertad.
"Se acordó una fianza personal, pero hasta que no se cumpla con los requisitos de esa fianza, no lo van a liberar", dijo a Efe la abogada de Graterol, Thelma Fernández.
La letrada explicó que este tipo de penalización consiste en que el acusado debe conseguir a dos personas que le sirvan de respaldo financiero y que demuestren al Estado que reciben un salario mensual de casi 4.000 dólares, además de los respaldos de constancia de pago de impuestos, entre otros documentos.
"Aquí es una práctica común que cuando los jueces quieren privar de libertad a una persona y el delito no le da para esa pena (...) imponen una fianza de imposible cumplimiento, para mantener detenida a la persona (...) es una medida privativa disfrazada de fianza", aseguró Fernández.
Además de presentar a los "fiadores" con todos los documentos que se les exigen, Graterol tiene prohibición de salida del país, no puede hablar con los medios de comunicación y debe presentarse cada quince días ante los tribunales que tramitan su caso.
Graterol se encuentra detenido desde el pasado día 4 por haber puesto en libertad de forma supuestamente irregular a un empresario, en otro caso que lleva en paralelo a la defensa de Afiuni.
El abogado fue detenido en Vargas, estado limítrofe con el Distrito Capital, tras ser acusado por una jueza de obstrucción a la justicia por no querer continuar un juicio sin la presencia del imputado en la sala.
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) expresó el miércoles pasado su preocupación por el arresto de Graterol hecho que esta organización consideró como "el episodio más reciente de una serie de vulneraciones a los principios fundamentales del Estado de derecho" en Venezuela.
Graterol y Fernández son los abogados que defienden a la jueza María de Lourdes Afiuni, detenida en diciembre de 2009 por haber presuntamente facilitado la huida del empresario Eligio Cedeño -procesado por efectuar operaciones cambiarias ilegales.
Desde febrero de 2010 Afiuni se encuentra en régimen de reclusión domiciliaria, con prohibición de hacer declaraciones a la prensa.
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