"Estamos presentando una apelación a la resolución de la Sala Cuarta (de la Corte de Apelaciones) del amparo provisional que favorece al general Efraín Ríos Montt", dijo a periodistas Juan Francisco Soto, director del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh), querellante en el caso.
La impugnación fue presentada ante la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima autoridad judicial del país.
El miércoles pasado, agentes del Ministerio Público (Fiscalía) llegaron a la casa de Ríos Montt, en un sector exclusivo en el este de la capital, para cumplir la orden del Tribunal B de Mayor Riesgo de llevarlo al Hospital Nacional de Salud Mental "Federico Mora" para someterlo a un examen psiquiátrico.
La intención del procedimiento es determinar si el exdictador, de 89 años, está en la capacidad mental de enfrentar un nuevo juicio por por la matanza de 1.771 indígenas mayas ixiles del norte de Guatemala durante su régimen de facto entre 1982 y 1983.
Sin embargo, los abogados del militar interpusieron un recurso y lograron detener el traslado al centro público. En su resolución la Sala Cuarta señala que la internación debe cumplirse en un hospital privado.
De acuerdo con Soto, las evaluaciones tienen que practicarse en el psiquiátrico nacional debido a que los expertos encargados de efectuarlas laboran en el lugar y de hacerse en otro sitio no se cumplirían los requisitos para obtener un resultado certero.
La semana pasada, el tribunal aceptó una solicitud de la Fiscalía de internar por 10 días al exdictador en el hospital "Federico Mora" para que se determine si padece demencia senil, como certificó recientemente el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
La parte acusadora tiene dudas del informe del Inacif, pues estima que el exdictador podría estar recibiendo fármacos para mantenerlo somnoliento, a fin de que se declare su incompetencia mental para afrontar un juicio.
Ríos Montt debe comparecer ante la justicia luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia legal del país, anulara una sentencia a 80 años de prisión por genocidio dictada el 10 de mayo de 2013 alegando errores procesales, por lo que ordenó repetir el juicio.
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