La profesora de la Universidad Rey Juan Carlos Alicia López de los Mozos ha sido imputada por prevaricación administrativa en relación con las falsedades en el master en derecho autonómico de la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes.
López de los Mozos ya había declarado en el marco de la investigación abierta por el máster de la expresidenta de la Comunidad en la Universidad. Lo hizo con un escrito en el que señaló que ella no presidió ni formó parte del tribunal que evaluó el Trabajo de Fin de Máster de la exdirigente madrileña.
Esta versión se contradecía con la que se había recogido al principio de la polémica, cuando se aseguró que ella era la presidenta de este tribunal y que como tal firmó en el supuesto acta. Ella también negó haber firmado dicho documento e insistió en tener "relación alguna" con este caso que le estaba ocasionando "importantísimos perjuicios físicos, psíquicos, personales, familiares y profesionales".
En su declaración, bajo juramento, continuó señalando que no había "formado parte" ni "presidido" ningún tribunal que haya examinado dicho TFM de Cristina Cifuentes, y que como consecuencia de ello, no reconocía "el contenido del acta que se ha hecho público en los medios de comunicación ni tampoco la firma que aparece en el mismo".
López de los Mozos, que reconoció que su firma fue falsificada para certificar como válido el trabajo de fin de master de la expolítica, había entrado esta mañana a los juzgados de instrucción de Madrid como testigo, pero la juez Carmen Rodríguez-Medel optó por cambiar su situación procesal a media declaración, según fuentes jurídicas.
La profesora era la secretaria del Instituto de Derecho Público, organismo dependiente de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) con personalidad jurídica propia que organizó el máster bajo sospecha y que expidió el título a la ya ex presidenta de la Comunidad de Madrid.
Alicia López de los Mozos es la cuarta imputada del caso, tras Enrique Álvarez Conde, director del organismo de la URJC que impartió el máster y tutor de Cifuentes en el TFM, Amalia Calonge, la funcionaria que modificó las dos calificaciones de la entonces delegada del Gobierno en Madrid, y Cecilia Rosado, la profesora que presuntamente fabricó el acta a instancias de Álvarez Conde para intentar tapar el escándalo.
Precisamente Calonge compareció ante la juez durante más de una hora aunque ni ella ni sus letrados han querido hacer ninguna manifestación al término de su declaración judicial. Lo mismo sucedió con Rosado, quien es la única de las tres profesoras cuya firma no aparece falsificada en el acta de evaluación del TFM de Cifuentes, es decir, que la suya es la única firma real en ese documento.
Se trata de las primeras comparecencias en condición de investigados que afronta la jueza que ha asumido la investigación de la presunta falsedad documental en el máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid en la Universidad Rey Juan Carlos. Previamente, además de Alicia López de los Mozos, declaró Clara Souto, quien junto a la primera denunció que sus firma había sido falsificada, aunque tampoco ha trascendido lo que ha dicho en la sala.
De la misma forma ha sucedido también con el marido de López de los Mozos, Sergio Pulido, Pilar Trinidad Núñez (jefa de Inspección de Servicios de la URJC y responsable de la investigación interna sobre este caso) y José Antonio Lobato Moreno, responsable de la Unidad de Postgrado y Títulos Propios de la universidad.
La titular del Juzgado número 51 empezó la investigación por la denuncia de Ángela Figueruelo, catedrática de la Universidad de Salamanca y una de las profesoras cuya firma fue falsificada, en este caso en el acta de convalidación de notas.
Después, asumió la investigación que había iniciado la Fiscalía de Móstoles y finalmente decidió ampliar la causa para averiguar qué ocurrió con el acta relativa a la defensa del trabajo de fin de máster de Cifuentes.
Para el lunes 14 la magistrada ha citado como testigo a Ignacio Escolar, director de eldiario.es (que publicó las primeras informaciones sobre el caso) y ya el próximo 6 de junio al exdirector del Instituto de Derecho Público de esa universidad, Enrique Álvarez Conde, pero como investigado. Ese mismo día declararán como testigos Figueruelo y otros doce testigos, entre ellos los profesores Alfredo Allué y Laura Nuño y nueve alumnos.
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