Imputan al alcalde de Caravaca de la Cruz y otras 30 personas en un caso de corrupción

    • Un Juzgado de Instrucción de Murcia ha imputado al alcalde de Caravaca de la Cruz (Murcia), Domingo Aranda, del PP, y a otra treintena de personas por el caso 'El Roblecillo' de corrupción urbanística, según fuentes judiciales.
    • El auto señala que su imputación se debe a que pudieron tener participación en las gestiones llevadas a cabo para conseguir la recalificación presuntamente irregular para permitir la construcción de 8.000 viviendas y un campo de golf.

Imputan al alcalde de Caravaca de la Cruz y otras 30 personas en un caso de corrupción
Imputan al alcalde de Caravaca de la Cruz y otras 30 personas en un caso de corrupción

Un Juzgado de Instrucción de Murcia ha imputado al alcalde de Caravaca de la Cruz (Murcia), Domingo Aranda, del PP, y a otra treintena de personas, entre las que se encuentran concejales, empresarios y ex altos cargos del gobierno regional en el conocido por caso "El Roblecillo" de corrupción urbanística, según fuentes judiciales.

El auto judicial señala que su imputación se debe a que de una u otra forma pudieron tener participación en las gestiones llevadas a cabo para conseguir la recalificación presuntamente irregular de esta finca, de casi 500 hectáreas, para permitir la construcción de 8.000 viviendas y un campo de golf.

Entre los encausados figuran el que fuera concejal de Urbanismo del municipio Amador López, actualmente secretario general de la consejería de Fomento y Obras Públicas, y el subdirector general de Urbanismo y Ordenación del Territorio, José María Ródenas.

En la lista figuran igualmente el ex director general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, Manuel Alfonso Guerrero; el secretario municipal Jesús López, y las letradas María Isabel García y María Encarnación González, que, en su día, emitieron informes jurídicos desde una asesoría privada.

Por otra parte, también quedan imputados los empresarios Antonio Vilaplana y Manuel Sánchez, representantes de la empresa promotora del proyecto, Sky, S.L.

La resolución judicial señala que este convenio urbanístico fue aprobado por la corporación municipal en noviembre de 2004, y, a través del mismo, unos terrenos que hasta entonces gozaban de protección por su especial relevancia forestal pasaban a ser urbanizables.

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