Imputan al extorero Paco Camino por irregularidades en la venta de una finca

Sevilla, 15 dic.- El extorero Paco Camino ha declarado como imputado por la supuesta venta irregular de una finca sobre la que pesaba un embargo de la Seguridad Social, pero ha afirmado al juez que canceló todas las cargas y ha negado que le hayan instado "en numerosas ocasiones" a subsanar los errores en las escrituras.

El extorero y ganadero fue denunciado por una empresa promotora radicada en San Juan de Aznalfarache (Sevilla) por la venta en 2005 de una finca en Camas (Sevilla) en la que tenía previsto construir viviendas.

En el texto de su declaración, a la que ha tenido acceso Efe, Paco Camino reconoce que percibió por la operación un millón de euros, pero añade que "no es cierto" que con ese dinero tuviese que cancelar las cargas que pesaban sobre el terreno y que ignora si la denunciante no ha podido inscribir la escritura por no efectuarse debidamente el levantamiento de cargas.

Camino, que compareció ante el juez de instrucción 16 de Sevilla el pasado 12 de diciembre, aseguró haber cancelado el embargo de la Seguridad Social "hará unos cuatro o cinco años"; dijo que la empresa compradora tiene en la actualidad la finca libre de cargas y que él mismo "no ha ido nunca más y por lo tanto no tiene la posesión".

También ha negado que en mayo de 2008 llamase por teléfono al representante legal de la constructora denunciante y le pidiera una cantidad de dinero para cancelar las cargas y ha precisado que "ignora si la denunciante no ha podido inscribir la escritura por no efectuarse debidamente la rectificación del levantamiento".

No obstante, ha declarado que parte del dinero de la venta de la finca no lo percibió él mismo y trasladó ese derecho de crédito a otra sociedad por importe de 200.000 euros, lo que hizo porque en aquella época "se encontraba en un apuro económico".

También reconoció que se había comprometido con el comprador a hacer gestiones ante el Ayuntamiento de Camas -su localidad natal- para la recalificación de los terrenos, "pero cuando se lo pidiera la empresa denunciante, que no se lo ha pedido" y que el precio pagado "no estaba pendiente de ninguna recalificación del suelo".