El malestar en el Cuerpo Nacional de Policía y en la Policía Municipal de Madrid tras los incidentes del pasado 22 de marzo es palpable. Mañana una nueva concentración en las puertas del cuartel general de las Unidades de Intervención Policial (UIP), situado en el madrileño barrio de Moratalaz, reunirá previsiblemente a cientos de funcionarios. Si para cuando se celebre este nuevo encuentro masivo no ha habido ceses en la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, los antidisturbios comenzarán un calendario de movilizaciones. Así lo advierte el portavoz del Sindicato Unificado de Policía, Miguel Ángel Fernández, entre otros.
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La Dirección General de la Policía tiene por lo tanto de plazo hasta mañana para tomar alguna decisión al respecto si no quiere encontrarse con continuas concentraciones de funcionarios de la corporación indignados que no están dispuestos a correr más riesgos innecesarios.
Por el momento, el departamento que dirige Ignacio Cosidó ha abierto una información reservada con el fin de conocer todos los detalles que provocaron que cerca de cien agentes, entre miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Municipal, fueran heridos de distinta consideración. Los resultados de la investigación interna, según fuentes policiales, no tardarán mucho tiempo en conocerse, ya que existe interés en la cúpula de la corporación en solucionar esto pronto y que el conflicto no se alargue.
Dentro de las dependencias en las que trabajan diariamente los miembros de las UIP, el ambiente es irrespirable. Una circular anónima, que ha corrido esta mañana por los teléfonos móviles de los funcionarios, culpaba directamente a los mandos del departamento, tanto a José Miguel Ruiz Iguzquiza, jefe de la unidad, como a Florentino Villabona, comisario general de Seguridad Ciudadana. A ambos les acusaba de falta de profesionalidad, queja que extendían también a sus inmediatos subordinados, como el jefe del grupo de Madrid de la UIP o los tres coordinadores principales. Al primero la circular le acusa de ser amigo del comisario general y estar ahí por esa buena relación que une a ambos. A los tres coordinadores, por su parte, el escrito les tilda de "no reunir las condiciones físicas ni probablemente psíquicas" para dirigir los grupos.
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La indignación de los policías no se queda en el puro pataleo. Casi todos los sindicatos del cuerpo han anunciado su intención de personarse en los procesos judiciales que se abran contra los detenidos por los altercados (casi todas ellas ya en libertad provisional) e incluso algunas organizaciones no han descartado querellarse también contra los organizadores de la denominada Marcha por la dignidad, que agrupó a miles de personas en la madrileña plaza de Colón antes de que se produjeran los incidentes.
La utilización de piedras y otras armas por parte de las decenas de radicales que se enfrentaron a la Policía también ha puesto de uñas a los agentes, que a través de las redes sociales y de los representantes sindicales han mostrado su malestar por el exceso de riesgo que han corrido. Este peligro se une, según han denunciado los sindicatos, a la falta de coordinación del operativo, que contrasta con la organización de los grupos violentos.
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