El poder turco intensificó más las purgas el lunes después del golpe militar fallido contra el presidente Recep Tayyip Erdogan, con la destitución de miles de policías, pero prometió respetar el "derecho" para tranquilizar a sus socios extranjeros, inquietos ante una deriva represiva.
Un total de 7.543 militares y magistrados detenidos, cerca de 9.000 policías, gendarmes y funcionarios despedidos: la magnitud de la operación de limpieza es impresionante, por mucho que el presidente turco hubiera prometido eliminar el "virus" faccioso.
El primer ministro turco, Binali Yildirim, detalló 6.038 militares, 755 magistrados y 100 policías entre los sospechoso detenidos. La lista incluye 103 generales y almirantes, entre ellos dos presuntos cabecillas del golpe.
Entre los militares detenidos, dos pilotos que participaron en noviembre en una operación para derribar un bombardero ruso en la frontera siria. Un episodio que provocó una crisis aguda entre Turquía y Rusia.
El Gobierno anuló también las vacaciones anuales de unos tres millones de funcionarios turcos y ordenó a los que se encuentran de vacaciones que "vuelvan a sus puestos de lo antes posible".
Al término del Consejo de Ministros celebrado en Ankara, Yildirim dejó las cosas claras. Los golpistas "deberán rendir cuentas por cada gota de sangre derramada", expresó, y revisó al alza el balance humano del golpe de Estado, al menos 308 muertos, incluyendo 100 amotinados.
Pero la purga se realizará "en el marco del derecho", sostuvo, en respuesta a la Unión Europea y Estados Unidos, que sumaron sus voces el lunes en Bruselas para exhortar al régimen turco a no caer en la arbitrariedad.
"Llamamos firmemente al gobierno de Turquía a mantener la calma y la estabilidad en el país" y a "respetar las instituciones democráticas de la nación y el estado de derecho", declaró en Bruselas el secretario norteamericano de Estado, John Kerry, tras reunirse con sus homólogos de la UE.
Expertos del Consejo de Europa también condenaron las detenciones masivas de jueces en el país. "Detenciones y destituciones masivas de jueces no son un medio aceptable para restaurar la democracia", declaró el presidente de este grupo de expertos.
La ONU afirmó que el respeto de los "derechos fundamentales como la libertad de expresión y la celebración de procesos que cumplan todos los requisitos es crucial para preservar la democracia en Turquía.
Por su parte, el embajador de Turquía ante las Naciones Unidas reclamó el apoyo de la comunidad internacional, y no sus críticas. "Turquía espera, desea recibir apoyo, no consejos ni críticas", indicó Yasar Halit Cevik a la prensa. "Nos hubiera gustado que el Consejo de Seguridad tomara posición cuanto antes. Es importante", añadió.
La UE, par boca de su representante diplomática, Federica Mogherini, puntualizó a Turquía que un restablecimiento de la pena de muerte -abolida en 2004 en el marco de las negociaciones de adhesión- le cerraría las puertas del bloque europeo.
Erdogan había evocado esta eventualidad cuando hablo el domingo a una muchedumbre de seguidores que reclamaban las cabezas de los golpistas. Y reiteró que se trata de una posibilidad en una entrevista difundida el lunes por la televisión estadounidense CNN.
Yildirim dio una de cal y otra de arena el lunes al subrayar que "no es bueno tomar decisiones precipitadamente", y recalcar que "tampoco se puede ignorar una petición del pueblo".
La terminología oficial también se endureció con los rebeldes, calificados ahora de "grupo terrorista" por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Al tiempo que el golpe ha enrarecido las relaciones entre Ankara y Washington, la policía turca detuvo el lunes a siete militares tras un registro en la base aérea de Incirlik, utilizada por la coalición antiyihadista liderada por Washington, según la agencia Anadolu.
Washington por su parte exigió a Turquía que le presente "pruebas" contra Fethullah Gülen, aliado hasta 2013 y desde entonces enemigo público número uno de Erdogan, que le acusa de ser el instigador del golpe.
Erdogan advirtió en CNN de que pedirá formalmente la extradición de este clérigo musulmán refugiado en Estados Unidos y que desmiente cualquier implicación.
"Personalmente no estoy inquieto", aseguró Gülen, y recordó que Turquía ya quiso obtener su extradición en 2013 después de un vasto escándalo de corrupción en Turquía. Estados Unidos "es un Estado de derecho", explicó el ex imán. "Aquí la ley esta por encima de todo. Yo no creo que este gobierno preste atención a cualquier cosa que no esté basada en la ley".
El embajador estadounidense en Turquía, John Bass, salió al paso de las tesis que evocan un respaldo de Estados Unidos al golpe, mencionadas por "medios y desgraciadamente por algunas personalidades".
"Esto es totalmente falso y este tipo de especulaciones menoscaban décadas de amistad", declaró.
Tras tres días de suspensión, se reanudaron los vuelos comerciales entre Turquía y Estados Unidos.
La actividad parecía reanudarse con normalidad en las calles de Estambul, con unos 1.800 miembros de las fuerzas especiales de la policía desplegados en los puntos considerados sensibles, según Anadolu.
"No ha terminado, no bajen los brazos", titulaba el lunes el diario Hurriyet, que citaba los repetidos llamamientos de Erdogan a sus partidarios para que sigan ocupando la calle mientras persista una amenaza.
En el plano económico, la lira turca se ha recuperado después de un desplome histórico coincidiendo con el golpe.
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