Irlanda acepta modificar la Constitución para reforzar protección del menor

  • Irlanda ratificó en referéndum una reforma de la Constitución encaminada a reforzar los mecanismos de protección del menor por una cómoda mayoría del 58 por ciento de los votos, confirmó hoy la Comisión del plebiscito.

Dublín, 11 nov.- Irlanda ratificó en referéndum una reforma de la Constitución encaminada a reforzar los mecanismos de protección del menor por una cómoda mayoría del 58 por ciento de los votos, confirmó hoy la Comisión del plebiscito.

Según los datos oficiales dados a conocer hoy, la participación en la consulta popular celebrada este sábado fue solo del 33 por ciento y los votos negativos alcanzaron el 42 por ciento.

La propuesta del Gobierno, que contaba con el apoyo de todos los partidos políticos y las principales organizaciones dedicadas al menor, pretende, entre otras cuestiones, obligar a las autoridades a investigar casos de maltratos.

En un país donde durante décadas ha habido miles de abusos de menores en instituciones religiosas y públicas, su Carta Magna incluye desde hoy una mención específica a los "derechos del menor", cuyo objetivo es "proteger a los niños más vulnerables de abusos y abandono", según ha señalado el Ejecutivo de Dublín.

La ministra para la Infancia, Frances Fitzgerald, calificó hoy de "histórica" la aprobación de la propuesta, pues servirá para corregir las deficiencias que ha padecido el Estado para asegurar el bienestar del menor.

La activista Kathy Sinnott, exdiputada europea y contraria a la propuesta, aseguró hoy que la victoria del 'sí' convierte al menor y a los padres en los "verdaderos damnificados" porque "han perdido sus derechos".

Sinnott se declaró también "preocupada" por el estado de la salud de la democracia en este país al afirmar que el Gobierno ha "hecho trampa y ha mentido" para lograr este resultado.

La activista hacía referencia a una sentencia emitida este jueves, tres días antes de la votación, por el Tribunal Supremo de Dublín, que calificó de "anticonstitucional" la actuación del Gobierno durante la precampaña.

Los cinco jueces que componen este tribunal indicaron que el Ejecutivo "actuó de forma ilegal" por usar dinero público, algo más de un millón de euros, para producir un folleto informativo que no era "justo, equitativo o imparcial".

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