Madrid, 21 jun.- El grupo parlamentario de la Izquierda Plural ha registrado hoy más de 50 enmiendas parciales a la Ley de Transparencia, en las que plantea entre otras cosas que las obligaciones y controles se apliquen a la Corona y la Familia Real en igualdad de condiciones al resto de administraciones afectadas.
Ese es el contenido de una de las propuestas presentadas hoy por IU a pocas horas de que termine a las ocho de esta tarde el plazo para la presentación de enmiendas al proyecto.
La Izquierda Plural quiere que se incluya en el artículo 2 de la ley, que regula el ámbito de aplicación del proyecto, a la Jefatura del Estado, la Corona, la Casa Real, la Familia Real, los partidos políticos, sindicatos y patronales, así como a entidades religiosas, asociaciones y fundaciones que perciban subvenciones públicas.
Otra de las enmiendas de IU solicita que el proyecto sea regulado como ley orgánica de tal forma que se considere el derecho de acceso a la información de los ciudadanos como un derecho fundamental.
Asimismo, plantea que, además de todos los altos cargos, también tengan la obligación de informar de sus salarios los puestos de libre designación, el personal directivo profesional y el personal eventual de las Administraciones Públicas.
Las entidades públicas, según reclama la Izquierda Plural, deberán informar de forma periódica, al menos cada seis meses, no solo de lo que gastan sino del grado de cumplimiento de las inversiones y sus efectos, y realizar un inventario de bienes y derechos actualizado.
Varias de las enmiendas presentadas por IU se centran en la regulación de la Agencia Estatal de Transparencia, que será el organismo que controle el cumplimiento de la ley.
Así, pide que su presidente sea elegido por 3/5 del Congreso para un cargo de cinco años no renovable y entre personas de reconocido prestigio propuestas por los grupos parlamentarios.
IU aprovecha también sus enmiendas parciales para pedir que en el plazo de tres meses desde la publicación de la ley el Gobierno regule el régimen de la Asociación pro-huérfanos de la Guardia Civil y los Patronatos de Huérfanos del Ejército, cuya afiliación es obligatoria, para dotarles de mayor democracia interna, pluralismo y transparencia.
También reclama que en ese mismo plazo se regule la creación de un registro de grupos de interés o 'lobbies' y su control porque "los ciudadanos tienen derecho a saber a qué intereses responden" los legisladores y el Gobierno.
El BNG, por su parte, ha presentado catorce enmiendas en las que, por un lado, reclama la inclusión de más instituciones para someterse a las normas de transparencia, en concreto la Casa Real, el Banco de España y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
Por otro lado, exige que se respeten las competencias autonómicas o que se incluya no sólo a los organismos públicos -y sus responsables- sino también a todos aquellos que tengan financiación mayoritariamente pública.
Amaiur, como IU y otros grupos de la Cámara, ha propuesto la supresión del silencio administrativo negativo, que siempre ha de estar motivado.
Igualmente, pide la inclusión de la Casa del Rey en la norma, un recorte de los supuestos en los que la Administración puede negarse a facilitar información, y una garantía de respeto a los "derechos históricos de los territorios forales".
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios