Izquierda unida quiere destinar 4.650 millones a políticas de igualdad

El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, presentó este lunes una batería de medidas para garantizar la igualdad real entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, que someterá a debate y votación en el Congreso de los Diputados y que tendrían un coste de 4.650 millones de euros.
En rueda de prensa junto a la diputada Caridad García, presentó una proposición no de ley que aglutina las medidas tradicionalmente reclamadas por la coalición en esta materia y que, en todo caso, se incorporarán al programa para las elecciones generales. Argumentó que no es posible "llenarse las manos" hablando de igualdad y que después "el raquitismo florezca" en los presupuestos.
El coste del plan, proponen financiarlo incrementando la lucha contra el fraude y desarrollando una reforma fiscal progresiva. Esos 4.650 millones, aseguró Lara, equivalen al 6,8% del fraude anual estimado en España, y a menos del 1,8% del que se ha acumulado y que aún se podría recuperar porque no ha prescrito.
Con esas medidas pretenden, por ejemplo, garantizar igual salario para mujeres y hombres por el mismo trabajo; crear 30.000 empleos de profesores en cuatro años extendiendo la escolarización de niños de cero a tres años; contratar en ese sismo periodo de tiempo a 20.000 profesionales para desarrollar la Ley de Dependencia; subvencionar la reducción de jornada e incentivarla entre los hombres; crear ayudas al nacimiento o adopción de hijos proporcional a los ingresos de las familias; ampliar el permiso de paternidad a 16 semanas; aumentar la protección frente al despido por embarazo o parto; y establecer criterios de igualdad en la contratación pública.
Cayo Lara explicó, por otro lado, su oposición al decreto aprobado por el Gobierno y que el Congreso de los Diputados convalidará el próximo jueves, por entender que contiene medidas "oportunistas y electoralistas" en materia de segunda oportunidad para los ciudadanos mientras se mantiene recurrida ante el Tribunal Constitucional la ley que pretendía evitar los desahucios en Andalucía.
También se opone la coalición a la inclusión en ese decreto de la exención de cotizaciones para los primeros 500 euros de los nuevos contratos, porque la caja de la Seguridad Social "no está para tirar cohetes" y no se pueden aprobar ahorros a los empresarios mientras se "esquilma" la hucha con la que se pagan las pensiones y con nuevos contratos que apenas cotizan porque son precarios.