José manuel molina, exalcalde de toledo, declara por una adjudicación a cambio de una supuesta comisión

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado el próximo lunes como imputado al exalcalde de Toledo José Manuel Molina (PP) para que declare en relación a la adjudicación del servicio de basuras municipal a la empresa Sufi, filial de Sacyr, por la que, según el extesorero popular Luis Bárcenas, el PP de Castilla-La Mancha recibió una comisión de 200.000 euros para financiar la campaña electoral de la presidenta del partido en esta comunidad, María Dolores de Cospedal.
Ruz ha hecho esta citación dentro de la instrucción de la pieza separada del `caso Gürtel´ conocida como `papeles de Bárcenas´, y trata de esclarecer si hubo financiación irregular del Partido Popular con cargo a la contratación pública con empresas privadas.
El magistrado también ha citado como testigos de estos hechos al actual alcalde de la ciudad y secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; al diputado nacional Sebastián González (PP), y al entonces viceinterventor del Ayuntamiento de Toledo Francisco Javier Sánchez Rubio.
Ambos tenían la posibilidad de realizar su declaración ante el juez desde sus despachos por videoconferencia, pero han optado por acudir a la sede de la Audiencia Nacional.
Molina, que era alcalde de la ciudad cuando se aprobó una modificación del contrato que, según la Intervención General del Estado (IGAE), supuso un sobrecoste de 11,3 millones de euros y no siguió los requisitos legales, está imputado por los delitos contra la administración pública de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.
Las citaciones se han hecho después de incorporar al sumario el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en el que se analiza el expediente de adjudicación del servicios de limpiezas en el año 2007 en Toledo a la empresa Sufí, del grupo Sacyr.
La operación investigada es, concretamente, la entrega de dinero en efectivo por un total de 200.000 euros efectuada por Bárcenas al gerente regional del PP de Castilla-La Mancha, Jose Ángel Cañas, que consta en un recibo escrito a mano por él mismo y que se entregó en el juzgado.
El juez quiere, además, constatar "en último término el grado de participación que en ellos hubiera podido tener persona o personas aforadas", en referencia a la presidenta autonómica, María Dolores de Cospedal, y a Vicente Tirado, presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha.
En caso de sospecharse su participación en los hechos, el magistrado de la Audiencia Nacional tendrá que evaluar la “remisión de parte de la instrucción (...) a favor del órgano que se estimare en su caso competente, en principio la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha".