Jóvenes hondureños culminan caminata por desarme población y cese violencia

  • Unos 4.000 jóvenes hondureños culminaron hoy en el municipio de Talanga, en Francisco Morazán, una caminata de tres días para exigir el fin de la violencia y el desarme de la población civil en este país centroamericano.

Tegucigalpa, 10 jun.- Unos 4.000 jóvenes hondureños culminaron hoy en el municipio de Talanga, en Francisco Morazán, una caminata de tres días para exigir el fin de la violencia y el desarme de la población civil en este país centroamericano.

Los jóvenes caminaron del viernes hasta hoy, desde Tegucigalpa a Talanga, unos 55 kilómetros al noreste de la capital hondureña, para exigir el desarme de la población civil y que cese la violencia en el país, que a diario deja un promedio de una veintena de muertos.

Las autoridades no han precisado qué cantidad de armas está en manos de la población en este país.

"Los jóvenes queremos paz y justicia, por eso proponemos un desarme (de la población civil)", dijo a periodistas Iris Barrientos, una de las coordinadoras de la octava caminata, titulada, "Samaritanos por amor" y convocada por la Arquidiócesis de Tegucigalpa.

Barrientos indicó que la caminata, que se realizó este año a solicitud del párroco de Talanga, Miguel Mejía, terminó con una homilía para proclamar la paz en Honduras, que en 2011 registró una tasa anual de homicidios de 86,5 por cada 100.000 habitantes, según el estatal Comisionado de los Derechos Humanos.

Las otras caminatas se han realizado de Tegucigalpa al municipio de Cedros, al oriente de la capital hondureña; Danlí-en dos ocasiones- y Juticalpa, en el oriente, Choluteca (sur); Comayagua (centro); y la Esperanza, en el occidente.

Por otra parte, los alcaldes hondureños encabezaron ayer marchas simultáneas en todo el país, promovidas por la Asociación de Municipios de Honduras, para exigir la paz y el fin de la violencia en el país.

Entre 2000 y 2011, Honduras registró 46.450 muertes violentas, de ellas 12.838 se registraron en los primeros 23 meses del Gobierno que preside Porfirio Lobo, según el Comisionado de los Derechos Humanos.

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